Imagen/Protección Civil.
A las 8.21 de la noche del domingo 2 de agosto de 2020, el cuerpo de bomberos informa de un reporte de incendio de grandes proporciones en la exfábrica de baterías Récord, ubicada en el cantón Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico en el departamento de La Libertad.
Ante esta situación, a las 9:28 pm el Ministro de Gobernación, Mario Durán como Presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil emitió Alerta Roja en el municipio de San Juan Opico e informa que se procedería a la evacuación preventiva en zonas aledañas al incendio.
Posteriormente, de manera preventiva, el Sistema Nacional de Protección Civil evacuó a la población que se encontraba a 500 mts a la redonda de la exfábrica, esto debido al peligro de exposición al plomo que aún se encuentra en la zona.
A las 11.19, las autoridades confirmaban que el incendio había sido controlado en la zona de la exfábrica de Baterías Récord, además estimaban que el fuego estaría sofocado alrededor de la 1:00 a.m.
Por otra parte, el Presidente de la República, Nayib Bukele solicitó al Ministerio de Agricultura habilitar las instalaciones de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) como albergue para las familias afectadas. Además solicitó a la Policía Nacional Civil coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) una investigación exhaustiva sobre el incendio.
Sobre esto último desde el MARN ya se han pronunciado “Hemos iniciado las investigaciones técnicas necesarias en coordinación con la Policía Nacional Civil y agotaremos las instancias legales y técnicas para solucionar este problema que ha afectado por años a la población de Sitio del Niño”
Exfábrica de baterías Récord: un calvario para la población del cantón sitio del Niño
La fábrica Baterías de El Salvador, mejor conocida como Récord era propiedad de la familia Lacayo. Uno de sus miembros, Miguel Lacayo, fue Ministro de Economía durante el Gobierno del ex Presidente Francisco Flores.
De acuerdo a la Sistematización “Caso Contaminación por Plomo Ocasionado por la Empresa Baterías de El Salvador. S.A de C.V. y el Proceso de Lucha Impulsado por la Población Afectada”, llevada a cabo por el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada CESTA “Las actividades de la Empresa Baterías de El Salvador, inician entre 1994- 1995 como una distribuidora de baterías en el mercado nacional y regional, la empresa aún no se dedicaba al reciclaje. Es hasta el año 2000 que comienza el ensamblaje de baterías. Incluso inicia su funcionamiento antes de que se le otorgue el permiso ambiental entregado en el 2003, sus operaciones consistieron en fabricar baterías electrolíticas de ácido plomo para vehículos, y ya poseía una planta recicladora de plomo donde generaba su propia materia prima”.
Entre los años 2003 y 2004 se presentan los primeros problemas ambientales y en la salud de los habitantes, según detalla la investigación del CESTA “los niños y niñas se enfermaban con mucha frecuencia: con dolores de cuerpo, se les caía el cabello, y había muchos padecimientos de salud”.
La planta de la fábrica generaba emanaciones industriales, en el proceso de elaboración de las baterías, lo que dejó muchas víctimas de contaminación en la comunidad y de trabajadores de la empresa.
La fábrica fue cerrada en el año 2007, posterior a la intervención de las carteras de Medio Ambiente, Salud y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Sin embargo, la judicialización del caso solo procesó a algunos ingenieros de operaciones y el representante legal de la empresa; por su parte los miembros de la familia Lacayo se encuentran prófugos.
Es por ello que las miles de personas afectadas por la contaminación por plomo han insistido por años que el caso no quede impune y se lleve a la justicia a los dueños de la fábrica. Además han denunciado que las acciones de reparación no fueron suficientes para compensar el daño a la salud de la comunidad.
En el actual contexto, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha recordado que en el mes de febrero de este año emitió un decreto de emergencia ambiental por contaminación de plomo en el sitio, con un área de 271,375 metros cuadrados. La acción se debió a que “la concentración de plomo es de 400 partículas por millón, que es el parámetro para considerarse altamente tóxico para la salud humana”.
Asimismo, el mismo MARN recuerda que en el 2015, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia, que le ordenaba limpiar el sitio de un daño ocasionado por una empresa privada, que asciende a decenas de millones de dólares. Tema que aún está pendiente.
