Este 2020, el espacio de la Caminata Ecológica cumple 20 años. En años anteriores, el esfuerzo conformado por movimientos de iglesias, organizaciones sociales, movimientos ambientalistas, pueblos originarios, centros educativos, entre otros ha desarrollado movilizaciones en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, conmemorado cada 5 de junio.
Históricamente la Caminata Ecológica, de la cual es parte la MPGR, ha reivindicado los temas sobre las problemáticas y conflictos ambientales más sentidos en el territorio nacional, es por ello que a pesar de la crisis por el COVID-19 y ahora la situación por las lluvias de los últimos días, el colectivo no podía guardar silencio. Por lo tanto realizó una conferencia virtual, para alzar la voz y presentar ante la sociedad salvadoreña un balance sobre la problemática ambiental que vive El Salvador.
A continuación el posicionamiento completo:
Posicionamiento de la XX Caminata Ecológica 2020
Con la resolución del 15 de diciembre de 1977, la Organización de las Naciones Unidas estableció que el 5 de junio fuera el “Día mundial del Medio Ambiente”. A partir de esta declaración se va celebrando cada vez más en el mundo, dando espacio a la creatividad y a la vez con más sentido de pertenencia y compromiso.
En El Salvador, a partir del año 2001 se ha venido conmemorando con la “Caminata Ecológica” por parte de las organizaciones ambientalistas quienes por los diversos medios invitan a participar a todos: organizaciones comunitarias, instituciones, fundaciones, iglesias, colegios, comunidades y movimientos sociales en general, a que se involucren en la colorida expresión por el medio ambiente.
También este año 2020, celebrando la XX caminata no podemos quedarnos inertes en esta celebración. Aún con las amenazas de la misma naturaleza que ha desplegado su presencia de COVID-19 por todos los países del mundo y nos tiene encerrados y más aún con otra alerta roja a causa del reciente paso de la depresión E-2 que luego se transformó en la Tormenta Amanda, seguidamente, del azote de la nueva Tormenta Cristóbal.
Históricamente la Caminata Ecológica, reivindica temas sobre las problemáticas y conflictos ambientales más sentidos en el territorio nacional, hacemos un recuento de los principales.
En El Salvador no existe una inclusión del Derecho Humano al Agua en nuestra Constitución y, además, resentimos la ausencia de una Ley General de Aguas. Actualmente, el Estado no asume acciones concretas para garantizar el derecho humano al agua, sobre todo a la población más vulnerable, principalmente la que habita en la zona rural salvadoreña. Esto se refleja en los datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2018, que establece que aún carece de servicios de agua por cañería el 4.6% de la población en la zona urbana (305,567 personas, unas 61,000 familias), y el 22.9% en la zona rural (1,521,193 personas, unas 304,000 familias). Esto no significa que la población que sí cuenta con los servicios goce de continuidad en el suministro, agua de calidad y que el costo sea accesible para toda la población, tal como lo establecen los principios del derecho humano al agua.
También es importante destacar que 1,379,000 personas (21% de la población nacional y el 52% de la zona rural y semi rural), se abastece de agua potable a través de juntas de agua rurales (JAR), las cuales, al no ser reconocidas legalmente, en su mayoría, no reciben apoyo del Estado, estas Juntas de Agua Rurales han enfrentado serias dificultades para funcionar durante la pandemia debido a la falta de recaudación de pagos por parte de sus usuarios ante las equivocadas medidas de no pago dictadas por el gobierno ante la pandemia. La situación planteada, sin lugar a dudas, pone a la población salvadoreña en una mayor vulnerabilidad para enfrentar la crisis actual.
Sin embargo, a pesar de la suma de todos estos problemas, la Asamblea Legislativa, en el actual contexto de pandemia, ha decidido suspender cualquier debate sobre este tema; lo cual carece de sentido, puesto que la Organización Mundial de la Salud ha declarado el lavado de manos frecuente como una medida necesaria para la prevención del nuevo coronavirus, sin embargo, no podemos esperar resultados positivos si el Estado salvadoreño no garantiza agua de calidad y en cantidad adecuada a todas las familias.
Consideramos que, en circunstancias excepcionales, como la actual pandemia, el agua es un elemento vital no solo por hacer posible el sostenimiento mismo de todas las formas de vida, sino también porque es indispensable para la prevención del nuevo coronavirus.
Sumado a esto a más de doce años que venimos demandando al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que emita un dictamen en el cual prohíba de manera real, el uso, venta y consumo de agrotóxicos en el país, y hasta la fecha no hemos obtenido respuesta positiva alguna, y vemos con preocupación que ésta administración continúa realizando acciones que dejan sin apoyo al sector agrícola, por un lado con el presupuesto del MAG más bajo de los últimos 8 años, una reducción de más de 22 mil paquetes agrícolas, una apertura de fronteras que ha afectado directamente a ganaderos, productores/as de hortalizas y pequeños productores/as de granos básicos, en este último caso con la importación de más de 50 mil toneladas de maíz blanco sin antes verificar la existencia a nivel local, y con ello se garantiza una seguridad alimentaria, pero seguimos sin tener una soberanía alimentaria en nuestro país.
Nuestra lucha en aras de una soberanía alimentaria y nutricional, que promueva equidad, alimentación sana y creatividad social mediante múltiples procesos de articulación y organización fuertes, transparentes, siempre urgentes. Debemos detener los transgénicos, los monocultivos agroindustriales, los venenos agroquímicos que afectan no solamente la salud de nuestra población sino, también, la salud de nuestra madre tierra.
A estas problemáticas indicadas se le suma una nueva crisis la del COVID 19 que a nivel mundial lleva “Reportados” 6, 264,742 de contagiados y 375,513 mil fallecidos al día de ayer, y que en El Salvador ha implicado ya 2, 718 casos confirmados, 52 fallecidos y más de 3 mil personas en cuarentena en 87 centros de contención según datos de Protección Civil.
Ninguna pandemia ha sido tan explosiva y de tal magnitud en la historia de la humanidad, el virus ya recorre todo el mundo, hasta en su último rincón. Se sobrevive, pero para demasiadas personas esta crisis ha significado hambre, miedo, violencia institucional y en El Salvador a esto se le suman dos gra-ves crisis, la primera es la provocada por el constante deterioro de las relaciones entre los poderes del Estado.
Y la segunda, la situación lamentable provocada por los eventos climáticos extremos como la reciente tormenta tropical Amanda, que nos ha dejado más de una decena de fallecidos, destrucción de viviendas, cultivos, infraestructura pública y medios de vida, demostrando que somos un país altamente vulnerable a cualquier tipo de amenaza.
Dichas amenazas en gran medida se deben a la grave deforestación de los bosques, al uso indebido del agua que debería ser para la población, a la ejecución de proyectos de infraestructura que impermeabilizan los suelos, causando graves inundaciones aguas abajo, donde generalmente se encuentran situadas las comunidades más vulnerables. Pero a pesar de toda esta crisis ambiental, es importante mencionar el papel de las personas defensoras de derechos humanos que enfocan su trabajo por el derecho de todas y todos los salvadoreños a tener un medio ambiente sano.
La labor de las personas defensoras del medio ambiente, ha sido fundamental para evidenciar las constantes necesidades y exigencias a un Estado que debe garantizar estos derechos a sus ciudadanos, sin embargo, el país no cuenta con una Ley que proteja a las personas defensoras de derechos huma-nos y sin la firma del Acuerdo sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como “Acuerdo de Escazú”, su trabajo se vuelve cuesta arriba y también se vulnera la lucha por tener un medio ambiente que cumpla con mejores condiciones, ya que constantemente, las personas defensoras de derechos humanos son víctimas de persecución, criminalización, amenazas y una larga lista de factores negativos que los hace luchar y desgastar energías contra todas estas adversidades.
Por lo anterior expuesto, como organizaciones participantes de la XX Caminata Ecológica, cuyo lema: “Por el Planeta, el Agua y el Territorio”, hacemos las siguientes demandas al Estado:
Al Órgano Legislativo:
- Aprobar la reforma Constitucional de reconocimiento del derecho humano al agua.
- Retomar la discusión de la ley general de agua y aprobarla en el corto plazo.
- Aprobación de la propuesta de Ley para el reconocimiento y protección integral de las personas defensoras de derechos humanos y para la garantía del derecho a defender derechos humanos.
- Ratificación del Acuerdo de Escazú.
- Retomar la discusión y aprobación de la ley de soberanía alimentaria.
- Promover campañas de educación ambiental.
- Ofrecer orientaciones urgentes para proteger la salud y la vida.
Al Órgano Ejecutivo:
- Adhesión por parte del gobierno al “Acuerdo de Escazú”.
- Acciones de atención a la seguridad alimentaria de las familias afectadas por COVID19 y los eventos climáticos extremos en estos meses.
- Planificación en el tema de gestión de riesgos para la atención a las posibles riesgos de desastres, nombramiento de gobernadores, elaboración de todos los planes que exige la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.
- Al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el no otorgar permisos a urbanizaciones o proyectos que tengan el potencial de generar más vulnerabilidad al territorio salvadoreño, como es el caso del proyecto urbanístico Valle El Ángel.
- A ANDA el reconocimiento de las Juntas Administradoras de Agua, como organismos que garantizan el acceso al agua a las comunidades y que por tanto les brinde el apoyo técnico y financiero necesario para la realización de sus actividades; además de todas las acciones de garantía del acceso al agua en calidad y cantidad para una vida digna a las familias.
- Al Ministerio de Agricultura y Ganadería la necesidad de incentivos para las prácticas agroecológicas y de conservación de bosques y desincentivos a las prácticas que causen perjuicio a los medios de vida de las comunidades como el uso de agrotóxicos, las quemas, la tala ilegal.
- La adecuada aplicación, seguimiento y monitoreo de las leyes ambientales.
- Agilizar el adecuado cumplimiento de los aspectos pendientes de la ley de prohibición de la minería metálica, entre estos el cierre técnico de minas, el resarcimiento ambiental por los impactos mineros y la reconversión económica de la minería artesanal.
Al Órgano Judicial:
- Fortalecimiento del trabajo de los tribunales ambientales a nivel nacional.
- Un equipo coordinador con los otros poderes del Estado y organizaciones ecológicas en materia de Justicia Ambiental.
- Trabajo en Equipo y asesoría con otras entidades especialistas en gestión de riesgo y desarrollo humano, a fin de evitar las violaciones a los dere-chos básico de los ciudadanos salvadoreños.
- Un Equipo de profesionales para enfrentar emergencias venideras, para evitar la letalidad de los desastres naturales y de prevención de la salud an-te algún rebrote del covid-19.
Finalmente, ante todo lo que hemos expresado, vemos que es necesario y urgente una respuesta, el Planeta, el agua y la humanidad no pueden esperar más. ¡Urge actuar ya!
San Salvador, 5 de junio de 2020.
Organizaciones que forman parte de la XX Caminata Ecológica
Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, Foro del Agua El Salvador, Mesa Permanente de para la Gestión del Riesgos en El Salvador, Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, Mesa por la Soberanía Alimentaria, Mesa Ecuménica de Iglesias, Oficina de Justicia Paz e Integridad de la Creación, JPIC-CONFRES, JPIC OFMConv, COFOA, ECOS, FESPAD, Patronato Lidia Coggiola, RACDES, SERCOBA, SLS, Iglesia Bautista Emanuel, UNES, Parro-quia Santa María de Guadalupe, Soyapango, Parroquia Nuestra Señora del Tránsito, Soyapango, Parroquia San Antonio de Padua, Colonia América, Movimiento de Mujeres de Santo Tomás MOMUJEST, Red de Pueblos Indígenas RPI.
