El 13 de octubre ha sido designado por la ONU como el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, constituye un llamado a los gobiernos y a la opinión pública para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos. El tema de este año está enfocado en la “buena gobernanza del riesgo de desastres”, por lo que el mensaje desde la ONU es que muchos desastres pueden evitarse o prevenirse, a través de estrategias de reducción de riesgos para gestionar y reducir los niveles de riesgos existentes y evitar la creación de nuevos.
En este contexto, como Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) compartimos este enfoque, pues consideramos que la prevención es un factor fundamental para salvar vidas ante una emergencia, sobre todo de las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad que viven en primera línea. En ese sentido es urgente contar con un marco jurídico actualizado acorde a los riesgos identificados con los que vivimos.
Prueba de que El Salvador es un país multiamenaza es que en medio de la pandemia por el COVID-19, este año, el territorio nacional se vio fuertemente afectado por las Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal que causaron la muerte de 30 personas y cerca de 30 mil personas afectadas, igualmente alertó a la población la actividad sísmica en el departamento de La Libertad.
Asimismo, es importante tener presente la memoria histórica y la recurrencia de diferentes eventos de gran magnitud que han afectado al país, las recientes conmemoraciones de dos tragedias nos han recordado el grado de vulnerabilidad y riesgos, la primera el deslave de Montebello (19 de septiembre de 1982, provocó la muerte de más de 300 personas) y la segunda el pasado sábado 10 de octubre cuando se cumplieron 34 años del terremoto de 1986 que afectó principalmente la capital por su frágil infraestructura, sismo en el que murieron aproximadamente 1,500 personas.
En este marco, la MPGR expresa ante la opinión pública las siguientes demandas al Estado salvadoreño, enfocadas a fortalecer la gobernanza nacional en el tema de prevención de riesgos.
a) A la Asamblea Legislativa la urgencia de la reforma de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres con enfoque prospectivo, es decir intervenir sobre el riesgo que aún no existe, pero que podría crearse por el modelo de desarrollo, vial, urbanístico y comercial implementado en nuevas construcciones y mega proyectos, ejecutados sin estudios sustentados científicamente que involucren a instancias como la academia, los cuales permitirían hacer análisis de uso adecuado de los suelos, impactos en los ecosistemas y así evitar que estas infraestructuras deriven en desastres.
Así mismo, revisar y aplicar la Ley de Ordenamiento Territorial que frene todos los proyectos que atentan contra la vida de las personas y de los ecosistemas.
b) Al Gobierno el llamado a implementar políticas públicas de prevención de riesgos, en ese sentido retomar la Política Nacional de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Mitigación de Desastres como una herramienta construida y consensuada con diferentes actores y que retoma compromisos internacionales de país plasmado en el Marco de Sendai.
Invertir en la prevención de riesgo y preparación de la respuesta humanitaria de una manera prospectiva, con el objetivo de disminuir las causas generadoras de riesgos en nuestro país que principalmente afectan a las personas que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad, tomando en cuenta la aplicación del enfoque de género y la inclusión social en todas sus dimensiones.
Además, exigimos al Gobierno salvadoreño fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil que permita contar con planes actualizados ante emergencias que articulen el trabajo en la preparación, la alerta temprana en los diferentes territorios, con un enfoque de prevención, respuesta y recuperación humanitaria.
¡Un pueblo que evita riesgos… Previene muchos desastres!
San Salvador, 13 de octubre de 2020.
