Deuda histórica: Gestión Sustentable del Agua en El Salvador

Comunidad San Felipe Arriba de Berlín, esperan que haya agua en la fuente de agua con largas colas.

(Foto/PRO-VIDA)

Karen Ramírez/Edwin Trejo Avalos

PRO-VIDA (organización de la MPGR)

Hace 13 años, en el 2006, el Foro del Agua presentó una propuesta de “Ley General de Aguas”, y el 22 de marzo de 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentó el urgente y demandado anteproyecto de Ley General de Aguas. Con ambas iniciativas, la Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de saldar una deuda histórica con la ciudadanía: aprobar un cuerpo legal que contribuya a revertir la crítica situación que enfrenta El Salvador, eso sí, debe de asegurarse que dicha normativa tenga un enfoque público-comunitario de la gestión del agua y se rechace cualquier modalidad privatizadora del vital líquido.

Existe un consenso entre los sectores democráticos y progresistas de la sociedad, acerca de la necesidad de realizar un cambio profundo en la gestión del agua, que implique pasar de un lógica extractivista-lucrativa a una lógica de sustentabilidad y recuperación de los ecosistemas, con la finalidad de cumplir con el principio de responsabilidad intergeneracional y asegurar a las nuevas generaciones un país ambiental y socialmente viable. La ciudadanía informada está consciente y tiene claro que la aprobación de la “Ley General de Aguas”, no es la solución “per se” a las problemáticas existentes, sin embargo, un cuerpo jurídico que asegure el derecho humano al agua es una condición indispensable para caminar en la ruta de la gestión integral y sustentable del agua.

Ambos anteproyectos de ley antes mencionados, desde la perspectiva de la técnica jurídica, cumplen con tales requerimientos, ya que hay claridad en cuanto a los principios que la sustentan, las atribuciones de las entidades administrativas, su régimen sancionador y la participación de las organizaciones territoriales por medio de los comités de cuenca. En relación a contenidos temáticos desarrollados en la propuesta de ley, destacan el enfoque de equidad de género, de bien común y de cuenca que permea en el articulado. Asimismo se regula de forma clara las autorizaciones (asignaciones y permisos) para el uso y aprovechamiento de las aguas y se abandonó el tema de las concesiones.

Con respecto a los puntos que generaron discusión del anteproyecto de ley elaborado por el MARN, se pueden señalar los siguientes: que la autoridad responsable de su aplicación será el MARN, y no una entidad autónoma como se propuso, asimismo Organizaciones que trabajan por la vigencia del derecho humano al agua, consideran que se debe profundizar y ampliar lo referente a la participación ciudadana -decisiones vinculantes-, y sobre el derecho comunitario del agua. Contenidos que tienen desarrollo en la propuesta ciudadana de Ley General de Aguas, presentada por el Foro del Agua y que ha sido actualizada, los cuales deberán ser valorados y ponderados por los legisladores.

Especial atención merecen los intentos de los grupos de la derecha parlamentaria de aprobar una “Ley Integral del Agua”, propuesta elaborada por la empresa privada de El Salvador, que no supera las exigencias técnicas. La misma podría calificarse como un “adefesio jurídico” con la única intención de ceder la administración del agua a los intereses empresariales, sin embargo, ante el rechazo popular han tenido que desistir de propuesta privatizadora del agua. Cabe destacar que, en la sesión plenaria del 19 de abril de 2012, la Asamblea Legislativa de forma unánime aprobó la enmienda constitucional del artículo 69 de la Constitución, que en lo referido al agua reza así “El agua es un recurso esencial para la vida, en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes. El Estado creará las políticas públicas y la ley regulará esta materia”. Empero el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), ha negado de forma sistemática sus votos para ratificar dicha reforma.

Recordemos que el reconocimiento del derecho humano en la constitución es una lucha que inicia en diciembre del año 2008, el Foro del Agua en el marco de la “Campaña el agua es nuestra”, presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma, en la cual se establecía el reconocimiento del agua como un bien común y el acceso a ella como un derecho fundamental; y también se planteó que la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento, sólo podrán ser prestados por entidades estatales y personas jurídicas que no tengan finalidades de lucro. Esta enmienda constitucional fue acompañada con la presentación de más de 92,000 cartas ciudadanas de adhesión.

Hay que acotar, que la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa, constituye un paso importante en el reconocimiento del derecho al agua, pero que, en el marco de la concepción del agua como derecho humano y bien común, es limitada. Por otra parte, la enmienda propuesta por la sociedad civil organizada, está inspirada en el carácter progresivo de los derechos fundamentales y en sintonía con las reformas aprobadas en países como Uruguay y Ecuador.

En la actualidad tanto la discusión de la Ley General de Aguas y la ratificación de la reforma constitucional por el reconocimiento del derecho al agua y la alimentación, se encuentran estancadas y existe la preocupación entre organizaciones sociales que se imponga la lógica de los Grupo Empresariales, Industriales y representantes de modelos extractivitas de los bienes naturales logrando que se apruebe una Ley Integral de Aguas, contraria a la concepción del agua como derecho fundamental y bien común. Por lo tanto es fundamental el papel dinamizador y propositivo que debemos realizar las organizaciones sociales, desde el Foro del Agua El Salvador, Mesa de Soberanía Alimentaria, Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo en El Salvador, Mesa Frente a la Minería Metálica, Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, entre otras, y con mayor fuerza la ciudadanía organizada y activa con el objetivo de lograr la ratificación de la referida reforma y la aprobación de todas las leyes necesarias para sentar las bases de una gestión sustentable. Esto para evitar las grandes desigualdades que caracterizan a nuestro país donde el Agua es un privilegio de aquellos que pueden acceder a ella con facilidad, para despilfarro y ganancias versus las mujeres, niñas y niños que libran grandes faenas para obtener el vital líquido para las necesidades más básicas de todo ser humano.