Mesa Permanente Para la Gestión de Riesgo en El Salvador

Organizaciones de la sociedad civil rechazan la violencia sistemática generada por el actual discurso de división e intolerancia.

Este miércoles 3 de febrero de 2021, organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la MPGR manifestaron su rechazo a la violencia sistemática generada por el discurso de división e intolerancia, que costó la vida el pasado domingo 31 de enero de Juan de Dios Tejada y de Gloria Rogel de López. Gloria formaba parte de la Coordinadora Intergremial Rafael Aguiñada Carranza (CIRAC), organización que forma parte de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares. A continuación el comunicado completo: A la población salvadoreña en general. El Salvador es un país que eternamente ha sido explotado, tanto como su pueblo como los bienes naturales, ambos estrechamente relacionados por la vida misma de la naturaleza. Esa lógica de explotación inhumana le costó al país varias decenas de miles de muertos tras un conflicto armado que nos buscó liberar de ese sistema, que, como resultado, se lograron algunas libertades, como la participación política, el establecimiento de un nuevo sistema electoral, la libertad de expresión, el pluralismo ideológico, entre otros. Sin embargo, ello no significó la garantía de la integridad humana, pues el sistema de explotación ha continuado aun con algunos avances basados en la lucha por los derechos humanos abanderado por el pueblo salvadoreño en su incansable búsqueda por la justicia. Lo sucedido el pasado domingo 31 de enero, donde dos militantes de FMLN fueron asesinados con arma de fuego y otros resultaron heridos, significa un enorme retroceso que burla la historia del país y la relativa apertura política lograda tras el conflicto armado, pues fue un acto promovido por la intolerancia de la participación política de otros actores que no sean afines al gobierno de turno. Como espacios organizados, comunicamos nuestro absoluto rechazo a la violencia sistemática generada por el discurso de división e intolerancia, acto que costó la vida de Juan de Dios Tejada y de Gloria Rogel de López, compañera que también formaba parte de la Coordinadora Intergremial Rafael Aguiñada Carranza (CIRAC), organización que forma parte de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares. Este condenable acto se suma al atentado que sufrió la misión internacional Médicos Sin Fronteras, quienes fueron agredidos por grupos criminales cuando se dedicaban a hacer sus labores humanitarias en horas de la madrugada del mismo domingo. No es posible que, a estas alturas del desarrollo del país, se den este tipo de atentados que recuerdan la dolorosa historia salvadoreña que relata la represión, cárcel y muerte de las voces disidentes a los gobiernos. Tampoco podemos dejar de señalar que estos atentados se ejecuten en medio de un ambiente electoral, lleno de propaganda, de discursos populistas y de odio que animan ya no solo al linchamiento digital, sino a extremos actos de violencia, y es aún más preocupante, que todo este ambiente sea promovido por el primer empleado del país: el presidente Nayib Bukele, y que, en vez de condenar los actos, lo utilice para continuar generando división y odio contra sus adversarios electorales. Como activistas y defensores de derechos humanos, reiteramos nuestro repudio a lo sucedido, condenamos la poca atención del presidente Nayib Bukele y el silencio que ha guardado contra los supuestos criminales que hasta donde señalan las investigaciones de Fiscalía General de la República, pertenecen a una sección de la Policía Nacional Civil encargada de brindar seguridad a funcionario públicos. Denunciamos enérgicamente, que este ambiente de hostilidad contra todo tipo de disidencia política afecta a cualquier espacio organizado que ejerza su derecho a la libertad de expresión y de participación política. En ese sentido, denunciamos el hostigamiento y amenazas que activistas han recibido por parte de personas desconocidas en sus redes sociales, así como el acoso y hostigamiento por parte de elementos de la Policía Nacional Civil en los espacios públicos en actividades. Nosotros y nosotras, como organizaciones de la sociedad civil, manifestamos nuestra preocupación porque este ambiente se profundice, al mismo tiempo que, en vez de promover paz y educación, se proponga reforzar el militarismo y la represión bajo el falso discurso de la seguridad pública. De igual forma denunciamos que se han realizado acciones de hostigamiento contra personas u organizaciones activistas de derechos humanos promoviendo el descredito; de igual forma, se registra fuertes dispositivos policiales en actividades pacificas en donde la fuerza pública toma fotografías sin el consentimiento de las personas participantes. La población organizada, sin garantía de seguridad pública y frente a una opinión masiva guiada por la intolerancia, vemos aún más difícil liberar las luchas del territorio nacional, luchar por la no violencia, por el derecho a la alimentación, por la salud, por el trabajo, por la no privatización del agua, sin embargo, nuestros esfuerzos de crear una sociedad justa y digna no se detendrán. Hacemos un llamado al cese de los discursos divisionistas y electoreros, no podemos permitir un retroceso histórico en materia de derechos humanos, mucho menos, podemos permitir que, con el afán de sostener un sistema de explotación, se violente la vida de las y los salvadoreños. San Salvador 03 de febrero 2021

Posicionamiento de la MPGR en el marco del 20 aniversario del terremoto del 13 de enero de 2001

Este miércoles 13 de enero de 2021, se cumplen 20 años de uno de los terremotos más devastadores de los últimos tiempos en El Salvador. En esta fecha recordamos a las 944 víctimas que perecieron luego del fuerte sismo de magnitud 7.6 grados en la escala de Richter, el cual estremeció el país durante 45 segundos; más de la mitad de las muertes se registraron en la Colonia Las Colinas, en Santa Tecla. En este aniversario, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) se solidariza con las familias que perdieron seres queridos en esta tragedia y les reafirmamos nuestro compromiso de lucha porque en el país se trabaje con el enfoque de la Gestión Integral de Riesgos con énfasis en el tema de la prevención, que contribuya a disminuir el impacto de los desastres. Para entender el desastre causado por el terremoto del 13 de enero del 2001, es necesario tener presente el nivel de vulnerabilidad y riesgos con los que convivimos: el 88.7% del territorio salvadoreño se considera zona de riesgo y sobre esa superficie se asienta el 95.4% de la población, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). A lo anterior se suma el alto nivel de sismicidad en el país, al cierre del año 2020 la Red Sísmica Nacional de El Salvador registró un total de 73 sismos entre la ciudad de San Miguel y Chirilagua, entre las 05:56 p.m. del 23 de diciembre y las 09:00 a.m. del 31 de diciembre, este fenómeno fue catalogado como enjambre sísmico. Además, solo en los primeros 4 días del 2021 se contabilizan 8 sismos: 5 de ellos localizados frente a la costa de Guatemala, 1 en el municipio de Chirilagua y los otros frente a las costas de los departamentos de Usulután y Sonsonate, con magnitudes entre los 2.9 y 4.8 grados. Debemos tomar en cuenta también que el país es multiamenazas, el año pasado las y los salvadoreños sufrieron los fuertes impactos de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, además del aumento de lluvias por los huracanes Eta e Iota, por otro lado, El Salvador ha sido fuertemente afectado por la pandemia del COVID-19, una emergencia todavía vigente. En este contexto, como sociedad civil reconocemos que en estas dos décadas se han dado avances en la preparación para desastres, por ejemplo, a nivel de organización comunitaria y Sistemas de Alerta Temprana. Sin embargo, ha habido retrocesos que hemos denunciado en reiteradas ocasiones, principalmente el desmantelamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, el cual se ha visto evidenciado en las recientes emergencias, como la atención al deslave de Nejapa, donde pudimos constatar que el Gobierno actúa de manera improvisada, irrespetando e incumpliendo las competencias que el Sistema tiene en sus diferentes niveles. Asimismo, desde el Ejecutivo no se le ha dado importancia al rol de las y los Gobernadores Departamentales, pues los funcionarios ya nombrados no cumplieron ningún papel en la atención a las diferentes emergencias ocurridas durante el año recién pasado. La vulnerabilidad del país nos debería unir a todos los sectores de la sociedad a trabajar en conjunto para la prevención de desastres, no obstante, seguimos siendo testigos del otorgamiento de permisos ambientales por parte del Gobierno para megaproyectos urbanísticos, el caso de Valle El Ángel, una práctica que en su momento permitió la construcción en la cordillera El Bálsamo que en el 2001 derivó en la tragedia de la Colonia Las Colinas. Es preocupante que las decisiones que se están tomando por parte de las autoridades correspondientes no visualicen los riesgos futuros, pues esto solo provocará un incremento en la vulnerabilidad que afectará a los grupos en mayor condición de riesgo social, como es el caso de la niñez, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores. En ese sentido, como MPGR exigimos al Estado salvadoreño se cumplan las siguientes demandas: a). Al Ejecutivo, le exigimos trabajar en medidas planificadas y transparentes enfocadas en la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo que afecta a la mayoría de la población. b). Retomar y aplicar la Política Nacional de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Mitigación de Desastres, la cual debe ser ejecutada por el Gobierno salvadoreño, a través de sus diferentes Ministerios. En caso de ser necesaria una actualización, expresamos como sociedad civil nuestra disposición a trabajar en la misma. c). Lo anterior, implica respetar y hacer funcionar el Sistema Nacional de Protección Civil en situaciones de emergencias, como las ocurridas durante la época lluviosa. d). Es urgente que el Gobierno salvadoreño elabore y ejecute un plan sistemático de obras de mitigación en las zonas de mayor riesgo y vulnerabilidad en el país, con la participación de los diferentes actores del Sistema Nacional de Protección Civil. e). El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) debe exigir a las empresas constructoras realizar los estudios de impacto ambiental, para el otorgamiento o no de permisos para nuevos proyectos habitacionales y otros que aumenten la vulnerabilidad de la población. f). En este contexto electoral, como sociedad civil hacemos el llamado a las candidaturas municipales y de diputados y diputadas de los distintos partidos políticos, convocados a las elecciones del próximo 28 de febrero, asumir un compromiso en el tema de la Gestión Integral de Riesgos, con el fin de construir en nuestro país una cultura enfocada en la reducción de riesgo de desastres, con enfoque inclusivo. g) La nueva legislatura tendrá en sus manos el compromiso de reformar la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la cual data de 2005. La sociedad civil exige cambiar su enfoque reactivo por un enfoque preventivo, prospectivo y gestión local de los riesgos. Por lo tanto, estaremos vigilantes y en disposición de aportar. San Salvador, 13 de enero de 2021. La MPGR recuerda los datos que dejó el terremoto:

Trabajando por la seguridad alimentaria en el oriente de El Salvador

Rostros de satisfacción, palabras de agradecimiento y compromiso se repite en cada una de las familias beneficiarias del proyecto regional “Respuesta a los efectos de la Sequía y las Inundaciones en América Central”, que atiende en el oriente del país a cinco comunidades de tres departamentos (Usulután, San Miguel y la Unión) y es ejecutado en El Salvador por las organizaciones de la MPGR: Fundación REDES, Oikos Solidaridad y FUNSALPRODESE. En el departamento de Usulután se atiende a las comunidades Los Nietos y San Juan 2, del municipio de Alegría; en San Miguel se benefician familias de la comunidad de Chambala, municipio de Chinameca y en La Unión: Nuevo Amanecer y El Aceituno, ubicadas en el municipio de Intipucá. El proyecto incluyó, en los primeros meses del año, la entrega de 2 paquetes de alimentos a 250 familias en estado de vulnerabilidad, la primera en febrero y la segunda en mayo. La última llegó en un momento en que los alimentos escaseaban en los hogares de las familias, debido a la cuarentena obligatoria por el COVID-19. En la segunda etapa se trabajó en la implementación de 103 iniciativas productivas (12 de ellas complementarias). Como parte de esta acción se han entregado diversidad de insumos, es el caso de: aves de corral, cabros y pelibuey (machos y hembras); hortalizas (tomate, chile, cebolla, lechuga, yuca, pipián, pepino, rábano); árboles frutales (piña, mango y aguacate). Al cierre del año las familias beneficiarias ven cómo el esfuerzo del trabajo puesto en cada una de esas iniciativas da sus resultados, los insumos se han transformado en frutos que ya forman parte de su dieta alimenticia y se convierten también en fuente de ingresos económicos. A continuación algunas historias: Ana Ochoa, madre soltera con 4 hijos, es una agricultora de la comunidad Chambala que tradicionalmente se ha dedicado a la siembra de maíz y frijol, señala que con las pérdidas de estos granos por las últimas lluvias, el tomate se ha convertido en una alternativa, pues la producción de esta hortaliza además de contribuir a su alimentación es ahora una fuente de ingreso. A través del proyecto se entregaron a Ana 1,400 plantines de tomate, esos ahora producen 10 cajas cada vez que recoge la cosecha, en promedio entre 3 a 4 días. “En mi caso nunca había sembrado plantitas de tomate y vemos que es de mucho beneficio y la idea es continuar en lo mismo”. Ana Ochoa se prepara para la venta de la cosecha de tomates. Rosa Salgado, madre soltera, con 3 hijos a su cargo es una de las beneficiarias de la Comunidad Nuevo Amanecer, en el municipio de Intipucá, departamento de La Unión, ella ha recibido gallinas ponedoras e insumos para producir zanahoria, cilantro, tomate y chile, además de árboles frutales. En el caso de las 7 gallinas recibidas explica que recoge un cartón y medio de huevos a la semana, con éstos alimenta a sus hijos y el resto los vende. Del dinero obtenido compra el concentrado para las aves. Por otra parte Rosa indica que las capacitaciones recibidas le han ayudado para la siembra de las hortalizas y el cuido de las aves “Nos han dado capacitaciones sobre el cuido del suelo para que no se lave, conocimiento sobre plagas, virus, insectos, hongos que pueden afectar el cultivo, capacitaciones para tratar el suelo antes de sembrar, para elaborar abonos orgánicos, también sobre el cuido de las aves de corral”. Rosa Salgado ha aprendido sobre el cuidado de sus gallinas. Odilia Campos beneficiaria del municipio de Alegría recibió como parte de las iniciativas productivas aves de corral, actualmente cuenta con 12 gallinas y 3 gallos. “Mi pensamiento es que ya que tengo estos animales es ir haciendo más grandecita la jaula, para ir produciendo más pollos. Es un beneficio porque así ya no compro los huevos y si me buscan que venda ya me ayuda”. Odilia Campos recoge un cartón de huevos que contribuye a su alimentación y economía familiar. Reservorio con capacidad de 7.5 metros cúbicos, instalado en el municipio de Chinameca, departamento de San Miguel por la organización Oikos Solidaridad. En la foto el beneficiario Miguel Ulloa. Reservorios de agua con tecnología de geomembrana instalados, por la organización REDES, en el municipio de Alegría, departamento de Usulután, ya se han llenado con las lluvias del pasado invierno, por lo que se espera que esta agua sirva para el riego de las hortalizas en la época de verano. En la foto la beneficiaria, Flor Pérez y su hijo. Tanques de captación de agua lluvia, están instalados en el municipio de Intipucá, departamento de La Unión, por la organización FUNSALPRODESE. En el caso del municipio de Intipucá se ha implementado la escuela de campo que ha permitido hacer asignación de parcelas demostrativas y en las que se orientó en un 20% de forma teórica y un 80% práctica. A partir de lo anterior se hizo asignación de parcelas a las familias beneficiarias para aprender desde la preparación de suelo (el de esta zona es arcilloso), hasta la transformación a uno más viable para el cultivo, esto ha sido posible a través de utilización de abono orgánico y técnicas para mejorar la absorción del agua, explica Alonso Gomez, técnico del proyecto en la zona. El proyecto es ejecutado en El Salvador por las organizaciones de la MPGR: REDES, FUNSALPRODESE y Oikos Solidaridad.

Avanza en El Salvador el proyecto regional de la CRGR: “Atención humanitaria ante afectaciones por Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal en medio de la pandemia COVID-19 en El Salvador, Guatemala y Honduras”

La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) avanza en el desarrollo del proyecto regional de la CRGR: “Atención humanitaria ante afectaciones por Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal en medio de la pandemia COVID-19 en El Salvador, Guatemala y Honduras”. En total se beneficia de forma directa a 468 familias de 20 comunidades, ubicadas en 11 municipios de los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, Cuscatlán, La Paz y La Unión. Las acciones que se han desarrollado a través de este proyecto son: -Entrega de un paquete de semillas, insumos y herramientas agrícolas, para que las familias beneficiarias reactiven la producción de alimentos de auto consumo y excedentes. Como parte de esta acción se han entregado semillas de pepino, rábano, cilantro, frijol, ayote, pipián, plantines de tomate, lechuga y chile, esto ha permitido a las familias beneficiarias la implementación de huertos de patio. Además, se ha entregado un sistema de riego, el cual consiste en un tanque con capacidad 450 litros y su sistema de riego por goteo, esto permitirá asegurar el agua en un área de 50 metros cuadrados, para la siembra de los cultivos y garantizar de esta forma la cosecha de los mismos. -Entrega de 468 paquetes de higiene y protección. Los paquetes de higiene y protección para las familias beneficiarias contenían los siguientes productos: pastas dentales, lámpara de mano con baterías, paquetes de toallas sanitarias, cepillos dentales, shampoo, peine plástico, pampers, mosquitero, jabón líquido, mascarillas quirúrgicas, alcohol gel, recipiente para almacenamiento de agua. Adicionalmente al número de kits de higiene y protección proyectados se han entregado 160, lo que hace un total de 628 familias beneficiarias con esta acción. -A cada comunidad beneficiaria, 20 en total, se ha entregado un paquete de herramientas para el saneamiento y limpieza de los hogares inundados o dañados. Entre las herramientas se encuentran: carretilla, palas, machete, azadón piocha, barra lineal, bomba para fumigar, amonio cuaternario, pala dúplex, silbatos, cinta de precaución, guantes de cuero, lazos. Las organizaciones de la MPGR que ejecutan dicho proyecto en el país son: CRUZ VERDE SALVADOREÑA, IMU, APRODEHNI, FUNSALPRODESE, FECORACEN, ASOCIACIÓN MADRE CRÍA, FUNDACIÓN REDES, SINODO LUTERANO SALVADOREÑO. El proyecto beneficia de forma directa a 468 familias del país. En total son 20 comunidades de 11 municipios. Entrega de kits de higiene y protección en los municipios de Conchagua y Pasaquina en el departamento de La Unión. Organización ejecutora: FUNSALPRODESE. En total se han beneficiado con esta acción 628 familias del país. Foto: FUNSALPRODESE. Plantines de hortalizas entregados en comunidades del municipio de Jayaque, departamento de La Libertad. Organización ejecutora: Sínodo Luterano Salvadoreño. Foto: Sínodo Luterano Salvadoreño. Instalación de sistema de riego en las comunidades del Cantón Sal Luis, en el municipio de San Sebastián Salitrillo, departamento de Santa Ana. Organización ejecutora IMU. Foto IMU. Cosecha de rábanos y chile en comunidades de San Pedro Masahuat (Los Ranchos y la Divina Providencia), en el departamento de La Paz. Organización ejecutora: APRODEHNI. Fotos: APRODEHNI. Cosecha de chile e instalación de sistema de riego en comunidades del municipio de La Libertad. Organización ejecutora: Cruz Verde Salvadoreña. Fotos: Cruz Verde Salvadoreña. Cosecha de rábano y chile en las comunidades del municipio de Jayaque, departamento de La Libertad. Organización ejecutora: Sínodo Luterano Salvadoreño. Foto: Sínodo Luterano Salvadoreño. Entrega de herramientas en comunidades beneficiarias del municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán. Organización ejecutora: Fundación REDES. Foto: Fundación REDES.

Más GOBERNANZA, MENOS desastres

Posicionamiento de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador en el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

El 13 de octubre ha sido designado por la ONU como el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, constituye un llamado a los gobiernos y a la opinión pública para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos. El tema de este año está enfocado en la “buena gobernanza del riesgo de desastres”, por lo que el mensaje desde la ONU es que muchos desastres pueden evitarse o prevenirse, a través de estrategias de reducción de riesgos para gestionar y reducir los niveles de riesgos existentes y evitar la creación de nuevos. En este contexto, como Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) compartimos este enfoque, pues consideramos que la prevención es un factor fundamental para salvar vidas ante una emergencia, sobre todo de las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad que viven en primera línea. En ese sentido es urgente contar con un marco jurídico actualizado acorde a los riesgos identificados con los que vivimos. Prueba de que El Salvador es un país multiamenaza es que en medio de la pandemia por el COVID-19, este año, el territorio nacional se vio fuertemente afectado por las Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal que causaron la muerte de 30 personas y cerca de 30 mil personas afectadas, igualmente alertó a la población la actividad sísmica en el departamento de La Libertad. Asimismo, es importante tener presente la memoria histórica y la recurrencia de diferentes eventos de gran magnitud que han afectado al país, las recientes conmemoraciones de dos tragedias nos han recordado el grado de vulnerabilidad y riesgos, la primera el deslave de Montebello (19 de septiembre de 1982, provocó la muerte de más de 300 personas) y la segunda el pasado sábado 10 de octubre cuando se cumplieron 34 años del terremoto de 1986 que afectó principalmente la capital por su frágil infraestructura, sismo en el que murieron aproximadamente 1,500 personas. En este marco, la MPGR expresa ante la opinión pública las siguientes demandas al Estado salvadoreño, enfocadas a fortalecer la gobernanza nacional en el tema de prevención de riesgos. a) A la Asamblea Legislativa la urgencia de la reforma de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres con enfoque prospectivo, es decir intervenir sobre el riesgo que aún no existe, pero que podría crearse por el modelo de desarrollo, vial, urbanístico y comercial implementado en nuevas construcciones y mega proyectos, ejecutados sin estudios sustentados científicamente que involucren a instancias como la academia, los cuales permitirían hacer análisis de uso adecuado de los suelos, impactos en los ecosistemas y así evitar que estas infraestructuras deriven en desastres. Así mismo, revisar y aplicar la Ley de Ordenamiento Territorial que frene todos los proyectos que atentan contra la vida de las personas y de los ecosistemas. b) Al Gobierno el llamado a implementar políticas públicas de prevención de riesgos, en ese sentido retomar la Política Nacional de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Mitigación de Desastres como una herramienta construida y consensuada con diferentes actores y que retoma compromisos internacionales de país plasmado en el Marco de Sendai. Invertir en la prevención de riesgo y preparación de la respuesta humanitaria de una manera prospectiva, con el objetivo de disminuir las causas generadoras de riesgos en nuestro país que principalmente afectan a las personas que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad, tomando en cuenta la aplicación del enfoque de género y la inclusión social en todas sus dimensiones. Además, exigimos al Gobierno salvadoreño fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil que permita contar con planes actualizados ante emergencias que articulen el trabajo en la preparación, la alerta temprana en los diferentes territorios, con un enfoque de prevención, respuesta y recuperación humanitaria. ¡Un pueblo que evita riesgos… Previene muchos desastres! San Salvador, 13 de octubre de 2020.