Este miércoles 13 de enero de 2021, se cumplen 20 años de uno de los terremotos más devastadores de los últimos tiempos en El Salvador. En esta fecha recordamos a las 944 víctimas que perecieron luego del fuerte sismo de magnitud 7.6 grados en la escala de Richter, el cual estremeció el país durante 45 segundos; más de la mitad de las muertes se registraron en la Colonia Las Colinas, en Santa Tecla.
En este aniversario, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) se solidariza con las familias que perdieron seres queridos en esta tragedia y les reafirmamos nuestro compromiso de lucha porque en el país se trabaje con el enfoque de la Gestión Integral de Riesgos con énfasis en el tema de la prevención, que contribuya a disminuir el impacto de los desastres.
Para entender el desastre causado por el terremoto del 13 de enero del 2001, es necesario tener presente el nivel de vulnerabilidad y riesgos con los que convivimos: el 88.7% del territorio salvadoreño se considera zona de riesgo y sobre esa superficie se asienta el 95.4% de la población, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
A lo anterior se suma el alto nivel de sismicidad en el país, al cierre del año 2020 la Red Sísmica Nacional de El Salvador registró un total de 73 sismos entre la ciudad de San Miguel y Chirilagua, entre las 05:56 p.m. del 23 de diciembre y las 09:00 a.m. del 31 de diciembre, este fenómeno fue catalogado como enjambre sísmico. Además, solo en los primeros 4 días del 2021 se contabilizan 8 sismos: 5 de ellos localizados frente a la costa de Guatemala, 1 en el municipio de Chirilagua y los otros frente a las costas de los departamentos de Usulután y Sonsonate, con magnitudes entre los 2.9 y 4.8 grados.
Debemos tomar en cuenta también que el país es multiamenazas, el año pasado las y los salvadoreños sufrieron los fuertes impactos de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, además del aumento de lluvias por los huracanes Eta e Iota, por otro lado, El Salvador ha sido fuertemente afectado por la pandemia del COVID-19, una emergencia todavía vigente.
En este contexto, como sociedad civil reconocemos que en estas dos décadas se han dado avances en la preparación para desastres, por ejemplo, a nivel de organización comunitaria y Sistemas de Alerta Temprana. Sin embargo, ha habido retrocesos que hemos denunciado en reiteradas ocasiones, principalmente el desmantelamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, el cual se ha visto evidenciado en las recientes emergencias, como la atención al deslave de Nejapa, donde pudimos constatar que el Gobierno actúa de manera improvisada, irrespetando e incumpliendo las competencias que el Sistema tiene en sus diferentes niveles.
Asimismo, desde el Ejecutivo no se le ha dado importancia al rol de las y los Gobernadores Departamentales, pues los funcionarios ya nombrados no cumplieron ningún papel en la atención a las diferentes emergencias ocurridas durante el año recién pasado.
La vulnerabilidad del país nos debería unir a todos los sectores de la sociedad a trabajar en conjunto para la prevención de desastres, no obstante, seguimos siendo testigos del otorgamiento de permisos ambientales por parte del Gobierno para megaproyectos urbanísticos, el caso de Valle El Ángel, una práctica que en su momento permitió la construcción en la cordillera El Bálsamo que en el 2001 derivó en la tragedia de la Colonia Las Colinas.
Es preocupante que las decisiones que se están tomando por parte de las autoridades correspondientes no visualicen los riesgos futuros, pues esto solo provocará un incremento en la vulnerabilidad que afectará a los grupos en mayor condición de riesgo social, como es el caso de la niñez, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
En ese sentido, como MPGR exigimos al Estado salvadoreño se cumplan las siguientes demandas:
a). Al Ejecutivo, le exigimos trabajar en medidas planificadas y transparentes enfocadas en la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo que afecta a la mayoría de la población.
b). Retomar y aplicar la Política Nacional de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Mitigación de Desastres, la cual debe ser ejecutada por el Gobierno salvadoreño, a través de sus diferentes Ministerios. En caso de ser necesaria una actualización, expresamos como sociedad civil nuestra disposición a trabajar en la misma.
c). Lo anterior, implica respetar y hacer funcionar el Sistema Nacional de Protección Civil en situaciones de emergencias, como las ocurridas durante la época lluviosa.
d). Es urgente que el Gobierno salvadoreño elabore y ejecute un plan sistemático de obras de mitigación en las zonas de mayor riesgo y vulnerabilidad en el país, con la participación de los diferentes actores del Sistema Nacional de Protección Civil.
e). El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) debe exigir a las empresas constructoras realizar los estudios de impacto ambiental, para el otorgamiento o no de permisos para nuevos proyectos habitacionales y otros que aumenten la vulnerabilidad de la población.
f). En este contexto electoral, como sociedad civil hacemos el llamado a las candidaturas municipales y de diputados y diputadas de los distintos partidos políticos, convocados a las elecciones del próximo 28 de febrero, asumir un compromiso en el tema de la Gestión Integral de Riesgos, con el fin de construir en nuestro país una cultura enfocada en la reducción de riesgo de desastres, con enfoque inclusivo.
g) La nueva legislatura tendrá en sus manos el compromiso de reformar la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la cual data de 2005. La sociedad civil exige cambiar su enfoque reactivo por un enfoque preventivo, prospectivo y gestión local de los riesgos. Por lo tanto, estaremos vigilantes y en disposición de aportar.
San Salvador, 13 de enero de 2021.
La MPGR recuerda los datos que dejó el terremoto:
