Posicionamiento de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador en el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres
El 13 de octubre ha sido designado por la ONU como el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, constituye un llamado a los gobiernos y a la opinión pública para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos. El tema de este año está enfocado en la “buena gobernanza del riesgo de desastres”, por lo que el mensaje desde la ONU es que muchos desastres pueden evitarse o prevenirse, a través de estrategias de reducción de riesgos para gestionar y reducir los niveles de riesgos existentes y evitar la creación de nuevos. En este contexto, como Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) compartimos este enfoque, pues consideramos que la prevención es un factor fundamental para salvar vidas ante una emergencia, sobre todo de las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad que viven en primera línea. En ese sentido es urgente contar con un marco jurídico actualizado acorde a los riesgos identificados con los que vivimos. Prueba de que El Salvador es un país multiamenaza es que en medio de la pandemia por el COVID-19, este año, el territorio nacional se vio fuertemente afectado por las Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal que causaron la muerte de 30 personas y cerca de 30 mil personas afectadas, igualmente alertó a la población la actividad sísmica en el departamento de La Libertad. Asimismo, es importante tener presente la memoria histórica y la recurrencia de diferentes eventos de gran magnitud que han afectado al país, las recientes conmemoraciones de dos tragedias nos han recordado el grado de vulnerabilidad y riesgos, la primera el deslave de Montebello (19 de septiembre de 1982, provocó la muerte de más de 300 personas) y la segunda el pasado sábado 10 de octubre cuando se cumplieron 34 años del terremoto de 1986 que afectó principalmente la capital por su frágil infraestructura, sismo en el que murieron aproximadamente 1,500 personas. En este marco, la MPGR expresa ante la opinión pública las siguientes demandas al Estado salvadoreño, enfocadas a fortalecer la gobernanza nacional en el tema de prevención de riesgos. a) A la Asamblea Legislativa la urgencia de la reforma de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres con enfoque prospectivo, es decir intervenir sobre el riesgo que aún no existe, pero que podría crearse por el modelo de desarrollo, vial, urbanístico y comercial implementado en nuevas construcciones y mega proyectos, ejecutados sin estudios sustentados científicamente que involucren a instancias como la academia, los cuales permitirían hacer análisis de uso adecuado de los suelos, impactos en los ecosistemas y así evitar que estas infraestructuras deriven en desastres. Así mismo, revisar y aplicar la Ley de Ordenamiento Territorial que frene todos los proyectos que atentan contra la vida de las personas y de los ecosistemas. b) Al Gobierno el llamado a implementar políticas públicas de prevención de riesgos, en ese sentido retomar la Política Nacional de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Mitigación de Desastres como una herramienta construida y consensuada con diferentes actores y que retoma compromisos internacionales de país plasmado en el Marco de Sendai. Invertir en la prevención de riesgo y preparación de la respuesta humanitaria de una manera prospectiva, con el objetivo de disminuir las causas generadoras de riesgos en nuestro país que principalmente afectan a las personas que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad, tomando en cuenta la aplicación del enfoque de género y la inclusión social en todas sus dimensiones. Además, exigimos al Gobierno salvadoreño fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil que permita contar con planes actualizados ante emergencias que articulen el trabajo en la preparación, la alerta temprana en los diferentes territorios, con un enfoque de prevención, respuesta y recuperación humanitaria. ¡Un pueblo que evita riesgos… Previene muchos desastres! San Salvador, 13 de octubre de 2020.
En Gestión de Riesgos ¡Yo me preparo y actúo!
La Concertación Regional para la Gestión de Riesgos y sus organizaciones socias, entre ellas la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador, lanzaron este mes de septiembre de 2020 una extensión de la campaña: En Gestión de Riesgos ¡Yo me preparo y actúo!, en el marco de la situación climática actual y la emergencia sanitaria. El pasado mes de febrero de 2020 la CRGR y Mesas Nacionales de Gestión de Riesgos lazaron la campaña regional “Yo me preparo y actúo” la cual tuvo por objetivo central fomentar el autocuidado y la cultura preventiva en las comunidades y población en general de Centroamérica. El enfoque de esta extensión está direccionada a un conjunto de orientaciones y recomendaciones para las comunidades, tomando como base los protocolos de actuación de la CRGR y las Mesas Nacionales de Gestión de Riesgos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, con el objetivo de brindar información veraz y acertada para que juntos/as podamos trabajar en la seguridad y bienestar de todas y todos para estar mejor preparados/as para responder ante un riesgo o una amenaza. A través de medidas de Gestión del Riesgo de Desastres, el objetivo de la CRGR es contribuir a la reducción del riesgo de desastres, con la orientación estratégica de los Marcos Regulatorios Internacionales (Marco de Sendai, ODS, PCGIR) y mediante sus áreas de trabajo priorizadas en la construcción de la resiliencia, que contempla particularmente la gestión del riesgo de desastres en los aspectos de prevención, preparación, respuesta y recuperación. Con esta campaña la CRGR pretende implementar un proceso de conocimiento y empoderamiento de la población hacia su territorio y realidad histórica, ambiental, social y económica, para analizar, priorizar y buscar transformar las condiciones de vulnerabilidad y exposición al riesgo que la determinan, de acuerdo a normas, políticas y acciones colectivas.
Rompiendo brechas de desigualdades de género en la Gestión Integral de Riesgos
Porque los impactos de los desastres son diferenciados, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) considera importante identificar, comprender y reducir las brechas de desigualdades existentes en la Gestión Integral de Riesgos, con ese objetivo ha creado su Política de Género con enfoque de Gestión Integral de Riesgos. La Política de Género son estrategias y acciones políticas que buscan contribuir a la equidad e igualdad de género. Con el objetivo de socializar dicho documento, la MPGR, a través del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU) inició, en este mes de septiembre de 2020, una campaña de divulgación de dicha Política, esto gracias al apoyo solidario de Oxfam en El Salvador por medio del proyecto “Apoyando la transversalización de género en la gestión y acciones de incidencia a titulares de responsabilidades». La campaña de carácter divulgativa e informativa tiene por nombre “Rompiendo brechas de desigualdades de género en la Gestión Integral de Riesgos”, su público meta es la población salvadoreña, comunidades en general, cooperantes y actores interesados en la temática de Gestión Integral de Riesgos. Para llegar al público se hace uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs): redes sociales, página web, medios digitales, radio, por lo que a través de un video interactivo, infografías y cuñas radiales transmitidas por la red de ARPAS en el 92.1FM, las personas podrán conocer acerca de las desigualdades de género, el impacto diferenciado de los desastres, así mismo el contenido y estrategias del documento de la MPGR. En el mismo proceso de socialización de la Política de Género, diversas organizaciones de la MPGR realizan actualmente procesos de divulgación del documento a nivel comunitario.
La MPGR manifiesta su apoyo a las comunidades indígenas de Cuisnahuat y población en general ante el riesgo de destrucción de su parque municipal
La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador, MPGR, en concordancia con su misión y visión de acompañar a las comunidades que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad expresa su total respaldo y solidaridad a las y los pobladores del municipio Villa de Cuisnahuat, departamento de Sonsonate a quienes se les está vulnerando su derecho a la recreación, ya que el alcalde de este lugar quiere privarles de su parque municipal, para construir una plaza mercado. El parque municipal es un espacio que por más de dos décadas ha contribuido al sano esparcimiento de las y los abuelos indígenas y lugareños, el espacio cuenta con una vegetación que les proporciona sombra, además cuenta con una fuente de agua natural, de la cual se abastece parte de la población, es un lugar donde aún se puede respirar aire puro sostienen sus habitantes. Dicho espacio representa un patrimonio ambiental, social y cultural. El patrimonio cultural está definido por la UNESCO como un capital social, cultural y económico caracterizado por la estratificación histórica de los diversos valores generados por las culturas sucesivas y la acumulación de tradiciones y experiencias, reconocidas como tales en su diversidad. La misma entidad advierte que “el desarrollo rápido y a menudo incontrolado está trasformando las zonas urbanas y sus entornos, lo que puede fragmentar y deteriorar el patrimonio urbano afectando profundamente los valores comunitarios en todo el mundo”. Esto último es lo que sucederá en Cuisnahuat si no se detiene la destrucción del parque. En este contexto la MPGR expresa las siguientes demandas: Al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) rechazar y detener las intenciones de la municipalidad de la destrucción del parque e inmediatamente la construcción de la obra. Además de informar de las gestiones de permisos realizadas y autorizadas a la municipalidad. Realización de un estudio de impacto ambiental por parte del MARN, para identificar los riesgos por la destrucción del parque municipal. Respeto al derecho de la protesta pacífica para las y los pobladores de Cuisnahuat, esto dado los acontecimientos del pasado jueves 19 de agosto, cuando fueron presuntamente de forma violenta desalojados del parque por un contingente de la UMO de la PNC. Garantizar los derechos de los pueblos indígenas, los cuales han sido históricamente marginados. San Salvador, 28 de agosto de 2020.
Comunidades del municipio de Intipucá avanzan en la implementación de las iniciativas productivas y sistemas de cosechas de agua
La organización FUNSALPRODESE ha realizado la entrega inicial de árboles frutales, además de la instalación de sistemas de cosechas de agua en las comunidades Nuevo Amanecer y Santa Lucia, ubicadas en el municipio de Intipucá, departamento de La Unión. Esto como parte de las acciones contempladas en el proyecto Regional “Respuesta a los efectos de la Sequía y las Inundaciones en América Central”, de la CRGR, el cual es ejecutado en El Salvador por las organizaciones de la MPGR: REDES, OIKOS Solidaridad y FUNSALPRODESE. Como parte del proceso de establecimiento en la zona de las 33 iniciativas productivas diversificadas, el día 21 de agosto, se entregaron a las familias beneficiarias del proyecto árboles de naranjo injertados, árboles de limón pérsico, aguacates Ereguayquin, mangos panadés e hijuelos de piña hawaiana. En este contexto, con el propósito de garantizar una buena siembra, el técnico del proyecto en representación de FUNSALPRODESE, Alonso Gómez señala que “se han dado las indicaciones sobre las dimensiones de las excavaciones, las cuales deben ser de 40 centímetros cúbicos, para la plantación de los árboles frutales, recalcando la importancia de la estructura técnica interna del hoyo de cada árbol para que resista un poco más la época de verano. Después en la próxima jornada de capacitación se retomará sobre el manejo y mantenimiento de los árboles frutales, para garantizar el control de plagas, enfermedades y el desarrollo del follaje de los mismos”. Igualmente, como parte del proyecto se ha trabajado en el establecimiento de 9 sistemas de cosechas de aguas lluvias en la zona, de estas 5 en la comunidad Santa Lucia el Aceituno y 4 en la comunidad Nuevo Amanecer. El martes 25 de agosto se entregaron 18 tanques con capacidad de agua de 2,500 litros equivalente a 16 barriles aproximadamente. Gómez agrega que dichos sistemas de cosecha de agua se están instalando en cada Escuela de Campo, a fin de garantizar el agua necesaria para utilizarla principalmente en la época de verano en los cultivos de hortalizas. Realización de jornadas de capacitación. Los días 19 y 20 de agosto de 2020, FUNSALPRODESE desarrolló jornadas de capacitación sobre “Buenas prácticas de conservación y mejoramiento de la fertilidad, textura y estructura del suelo agrícola”, en las comunidades Santa Lucia el Aceituno y Nuevo Amanecer, del cantón La Leona del municipio de Intipucá. Lo anterior tomando en cuenta los protocolos por el COVID-19, es decir siguiendo las siguientes indicaciones como el lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso adecuado de la mascarilla. El objetivo de esta actividad es establecer un proceso de capacitación en ambas comunidades beneficiarias, con la finalidad de que las y los participantes hagan una réplica de lo aprendido en los patios donde vive cada familia, desarrollando por lo tanto buenas prácticas de las iniciativas productivas diversificadas entre las que se encuentran árboles frutales injertados, piña, especies menores de gallinas ponedoras, caprinos y bovinos pelibuey, con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria comunitaria. Temas impartimos sobre la siembra: -Elaboración y uso práctico del nivel tipo “A” y el trazo de curvas a nivel. Al respecto se construyeron 32 niveles, resaltando el beneficio productivo del agro, como instrumento básico y útil para evitar la erosión y manejo de las aguas lluvias en los suelos agrícolas. -Siembra de barreras vivas con piña hawaiana. – Preparación de aboneras orgánicas para la producción de abono básico, con el objetivo de recuperar la fertilidad de los suelos y así garantizar la buena nutrición y desarrollo de los cultivos de hortalizas y árboles frutales, a través de la generación de suelos productivos y resilientes, para cambiar su textura y estructura de la tierra con el objetivo de mantener los cultivos aún en los periodos de sequía prolongada e incluso producir en verano con el mínimo de humedad. Fotos/FUNSALPRODESE. Inicialmente se ha realizado la entrega de árboles frutales a las comunidades beneficiarias del municipio de Intipucá, posteriormente se hará la entrega de hortalizas. Las comunidades han sido capacitadas sobre la preparación de aboneras orgánicas. Capacitación sobre la elaboración y uso práctico del nivel tipo “A” y el trazo de curvas a nivel. Como parte del proyecto se han entregado 18 tanques con capacidad de captación de agua de 2,500 litros equivalente a unos 16 barriles.
Posicionamiento de la MPGR ante la actual situación por el COVID-19
Cinco meses después de que el Gobierno confirmara el primer caso de COVID-19 en El Salvador, el pasado 18 de marzo de 2020, la cifra de contagios ha superado ya los 24,000 y el número de muertes se acerca a las 700. En este marco, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR), se solidariza con las personas afectadas por la enfermedad y sus familias que han cargado con los efectos de una situación para la cual no estábamos preparados y preparadas. A pocos días de la reapertura de la economía en el país, continúa la incertidumbre para la población salvadoreña, por lo tanto, el actual contexto plantea grandes retos al Estado salvadoreño en su conjunto para la puesta en práctica de acciones que contribuyan a atender la pandemia de una manera integral y que no pueden esperar. Como Sociedad Civil organizada, en su momento evaluamos de manera positiva algunos esfuerzos que se hicieron en el inicio de la pandemia por parte del Ejecutivo, asimismo valoramos oportuno el decreto de “Estado de Emergencia Nacional” aprobado por la Asamblea Legislativa que ofrece un sustento jurídico que atiende las directrices constitucionales; sin embargo es importante señalar y llamar a cambiar acciones y posiciones políticas que no contribuyen a combatir esta amenaza de forma unificada, transparente y con estrategias claras de atención. Como MPGR planteamos lo siguiente: 1. El enfoque de respuesta al COVID-19 por parte del Gobierno ha ocasionado una desatención del componente preventivo en las comunidades y de atención de enfermedades crónicas, es decir hay una carencia en la promoción de la salud, la cual está definida por la OMS como la encargada de fomentar cambios en el entorno que ayudan a promover y proteger la salud de las personas; esos cambios incluyen transformaciones en las comunidades y los sistemas, por ejemplo, programas que garanticen el acceso a los servicios de salud, entre otros. El impacto en la salud de las personas por el confinamiento, sumado a la estrategia del miedo y otros factores como el desempleo son problemas que en el corto y mediano pueden tener serias consecuencias en la recuperación de la llamada nueva normalidad, es urgente se retomen acciones encaminadas a la salud mental como medida de mitigación ante el desastre ocasionado por el mal manejo de la pandemia. 2. Entrega de medicamentos a pacientes que no se les ha realizado la prueba de COVID-19. La entrega de medicamentos por parte del Ministerio de Salud a personas de quienes se sospecha tienen el virus es preocupante por los riesgos que esto puede causar a la salud, principalmente para aquellas personas que tienen algunas patologías, médicos expertos advierten sobre el peligro de la no regulación del tema de la automedicación, lo que agravaría la crisis sanitaria. 3. La crisis del agua es un elemento que imposibilita cumplir las medidas de higiene para prevenir el virus. Son innumerables las poblaciones tanto del área rural y urbana que carecen del vital líquido, por lo que no pueden cumplir las recomendaciones tal como las indican las autoridades de salud, situación que las pone en altísimo riesgo de contagio. Por esta razón, es urgente la adopción de medidas para paliar la crisis hídrica en las comunidades en mayor condición de vulnerabilidad, además es oportuno el llamado a la Asamblea Legislativa a discutir una Ley General de Aguas con un enfoque de derecho humano que beneficie a las grandes mayorías, una deuda que aún sigue pendiente por el Estado salvadoreño. 4. Impacto del COVID-19 en la seguridad alimentaria. Las banderas blancas son un indicador de las situación de la población salvadoreña ante la falta de alimentos, y dicha situación se verá incrementada por el incremento del desempleo, los cortes en las cadenas de suministros entre las personas productoras y las ciudades y las afectaciones del cambio climático, dicho impacto se ha vivido de inmediato en las poblaciones urbanas y se verá en un corto plazo en las poblaciones rurales con el agotamiento de sus reservas de alimentos y medios de vida. Es importante diseñar una estrategia de apoyo a la producción nacional de alimentos antes de fomentar la importación y pago de onerosos gastos de traslados. Además los esfuerzos deben centrarse en apoyar el acceso a los alimentos de las familias más vulnerables y de las personas cuyos ingresos se han visto más afectados. Es por ello que se deben implementar medidas adecuadas de protección social y priorizar la ayuda, esto solo será posible trabajando de la mano con actores sociales presentes en los territorios, así se evitará la duplicidad de esfuerzos y uso inadecuado de recursos. 5. La poca transparencia en el manejo de los fondos en la emergencia. La crisis generada por la pandemia ha requerido, para su atención, de la realización de préstamos millonarios a organismos internacionales, hecho que ha generado según economistas un endeudamiento elevado el cual supone que al terminar el presente año por cada $100 dólares que se produzcan en el país, se estarían debiendo $92 dólares. A lo anterior se le suman las irregularidades denunciadas en el manejo de estos fondos por parte del Gobierno, como por ejemplo compras a sobreprecios, adquisición de servicios y productos a personas vinculadas a funcionarios públicos. Lo anterior debe ser condenado desde el Presidente y no invisibilizado ni minimizado, por el contrario se debe mostrar una clara disposición de rendición de cuentas de los gastos, descentralizar el poder y evitar monopolizar la toma de decisiones. 6. El Estado salvadoreño debe trabajar de forma cohesionada. En esta crisis estamos llamados a trabajar de la mano a contribuir para que los contagios no cobren más vidas, no debe imponerse el protagonismo, pero si el cumplimiento y el acato de cada uno de los roles y responsabilidades de las instituciones que integran el Estado. Por lo anterior, lamentamos que el Ejecutivo en estos cinco meses no haya demostrado capacidad concertadora con los demás poderes del Estado, consideramos que la autocrítica no refleja debilidad sino liderazgo para avanzar en las