Proyecto de respuesta a los efectos de la Sequía y las Inundaciones en América Central atiende a 5 comunidades del oriente de El Salvador

Proyecto de respuesta a los efectos de la Sequía y las Inundaciones en América Central atiende a 5 comunidades del oriente de El Salvador Comunidades ubicadas en los departamentos de Usulután, San Miguel y La Unión son las beneficiarias del proyecto Regional «Respuesta a los efectos de la Sequía y las Inundaciones en América Central», de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos, CRGR. Este proyecto tiene una duración de 18 meses y se desarrolla en los 4 países que integran la CRGR: El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. En total se espera beneficiar a mil personas de manera directa, ubicadas en 20 comunidades del corredor seco centroamericano. El proyecto de respuesta tiene como propósito proporcionar asistencia inicial a las comunidades más vulnerables del corredor seco centroamericano y desarrollar capacidades en las comunidades, para que estén mejor preparadas para enfrentar los efectos adversos de los riesgos climáticos e incluso realicen acciones de incidencia para que los sujetos de obligaciones cumplan mejor sus compromisos en temas de cambio climático y gestión de riesgos. Entre las acciones se contemplan dos entregas de paquetes de alimentos a 1,000 familias en estado de vulnerabilidad. En el caso de El Salvador son 250 las familias beneficiarias, provenientes de los municipios de Alegría, Chinameca e Intipucá, ubicadas en los departamentos de Usulután, San Miguel y la Unión respectivamente, así lo indica el Coordinador nacional del proyecto, Moisés Batres (Fundación REDES). El número de familias beneficiarias es limitado teniendo en cuenta el número de personas impactadas por la sequía e inundaciones en la región centroamericana, pero se ha tomado en cuenta a las personas más afectadas en las comunidades seleccionadas, entre ellas familias en alto grado de vulnerabilidad y madres solteras. Rubén Quintanilla, Director Ejecutivo de FUNSALPRODESE y Representante Regional de la MPGR ante la CRGR. Es así como este proyecto brinda un apoyo a las mujeres agricultoras que han sufrido pérdidas en sus cosechas. Gladis Alas, Representante de OIKOS. José Arias, beneficiario de la comunidad Chambala, municipio de Chinameca. Silvia Carolina, beneficiaria de la comunidad San Juan 2, del municipio de Alegría. Maritza Ventura, beneficiaria de la comunidad Nuevo Amanecer, municipio de Intipucá. Las organizaciones de la MPGR que ejecutan el proyecto son: FUNSALPRODESE, REDES y OIKOS, las cuales han realizado la primera entrega de paquetes de alimentos a las comunidades beneficiarias de la siguiente manera: Jueves 13 de febrero de 2020: entrega de paquetes a 75 familias beneficiarias del municipio de Alegría, departamento de Usulután (comunidades San Juan 2, Los Nietos). Organización ejecutora: REDES. Viernes 14 de febrero de 2020: entrega de paquetes a 112 familias beneficiarias del municipio de Chinameca, departamento de San Miguel (comunidad Chambala). Organización ejecutora: OIKOS. Miércoles 19 de febrero de 2020: entrega de paquetes a 63 familias beneficiarias del municipio de Intipucá, departamento de La Unión (comunidades Nuevo Amanecer, Santa Lucia). Organización ejecutora: FUNSALPRODESE. Para el mes de marzo se tiene programada la segunda entrega de paquetes de alimentos a las comunidades beneficiarias del oriente del país. Cabe destacar que el proyecto es posible gracias al financiamiento de la Fundación Bill y Melinda Gates. El monto total de dicho proyecto, a nivel regional asciende a $818, 365 dólares. En El Salvador los fondos son administrados por la Fundación Maquilishuatl, organización miembro de la MPGR.
Organizaciones sociales se pronuncian por la defensa de la democracia en el país

Diferente organizaciones sociales brindaron su posicionamiento respecto al suceso de este domingo 9 de febrero, en el que se ha puesto en peligro la democracia del país luego que la Policía y el ejército tomara el control del Palacio Legislativo. La MPGR se ha unido a este pronunciamiento, ya que considera que esto constituye un riesgo social, por lo tanto aboga por el diálogo entre los Órganos Ejecutivo y Legislativo para la resolución de conflictos y el respeto a la independencia de poderes. Comunicado de prensa Condenamos el atentado contra la democracia perpetrado ayer por el Presidente Bukele en su “intento de golpe” contra la Asamblea Legislativa Las diferentes concertaciones del movimiento social aquí presentes, ante el grave atentado contra la democracia que representa el ataque del Ejecutivo contra la Asamblea Legislativa, ante la opinión pública nacional e internacional, expresamos lo siguiente: Desde que inició su gobierno, el Presidente Nayib Bukele ha mostrado un estilo anti-dialogante, autoritario y antidemocrático que se manifiesta en frecuentes atropellos a la libertad de expresión y restricciones al acceso a la información, violaciones al debido proceso y permanente confrontación con los demás órganos del Estado, especialmente contra la Asamblea Legislativa y los partidos políticos ahí representados, sobre todo contra ARENA y -más aún- contra su ex partido. Tal actitud antidemocrática tocó fondo la semana pasada. Ante la negativa de la Asamblea Legislativa de aprobar un préstamo de 109 millones de dólares cuyos destinos no están totalmente claros ni justificados, Bukele apeló ilegítimamente a disposiciones del Artículo 167 de la Constitución de la República que no aplican en este caso, pues el Consejo de Ministros sólo puede convocar a la Asamblea en momentos excepcionales y situaciones de emergencia como guerras o catástrofes naturales. La invocación a esta facultad del Ejecutivo es, en este caso, ilegal, tal como lo sostienen todas las instancias que se han pronunciado al respecto (FESPAD, PDDH y hasta FUSADES). Igualmente reprobable es el llamado presidencial a la insurrección. Tal como lo expresó el ex procurador de derechos humanos David Morales, este derecho -consagrado en el Artículo 87 de nuestra Carta Magna- es para el pueblo, cuando los gobernantes violentan el orden constitucional; y no al revés. Bukele no puede llamar a la insurrección; es el pueblo el que va a tener que ejercer este derecho si él continúa su comportamiento autoritario, antidemocrático y violatorio del orden constitucional del país. Y lo aún más repudiable es la militarización, toma violenta y “profanación” del recinto legislativo por parte del Presidente Bukele y sus secuaces. Las imágenes de soldados y policías invadiendo el salón azul retraen el pasado dictatorial y represivo que la democracia milenial del Presidente busca reeditar. El “performance” bukeliano incluyó una flagrante violación al carácter laico del Estado: el Presidente se comunicó con Dios, superando al mejor estilo de la presidenta golpista boliviana Jeanine Áñez quien entró con la Biblia al palacio de gobierno. Lo actuado por el Presidente Bukele constituye una gravísima violación a la institucionalidad, significa una ruptura del orden constitucional y representa un golpe contra la democracia. Las organizaciones populares condenamos y denunciamos este grave retroceso en la historia nacional; y exigimos que esto no quede impune: que la Fiscalía General de la República investigue los delitos cometidos y que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le remarque los límites constitucionales al Presidente. En sintonía con el llamado de diversas organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, exhortamos al diálogo Ejecutivo-Asamblea Legislativa y a la búsqueda de acuerdos nacionales, no sólo sobre financiamiento de la seguridad pública, sino también para aprobar la Ley General de Agua, desprivatizar el sistema de pensiones, aprobar una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más” y otros temas urgentes de país en los que, por cierto, el Ejecutivo no ha mostrado interés ni reclamado a la Asamblea por su aprobación. Exigimos al Presidente Bukele cumplir su función constitucional de procurar la paz y la armonía social; y no utilizar el respaldo popular para “aventuras golpistas” y derivas autoritarias, sino para profundizar la democracia y enfrentar responsablemente los problemas estructurales del país mediante el diálogo, permitiendo la participación ciudadana, respetando la institucionalidad y garantizando el Estado de derecho. Finalmente, llamamos a todas las organizaciones progresistas, sectores democráticos y a la población en general a estar atenta para defender la democracia y exigir transformaciones estructurales orientadas a desmontar el modelo neoliberal. Las Organizaciones Nacionales firmantes: La Alianza contra la Privatización del Agua, Mesa por la Soberanía Alimentaria, Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, Movimiento de ONGs para el Desarrollo Solidario de El Salvador (MODES), Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos (MPGR), Alianza por la defensa de los derechos de las mujeres rurales y La Via Campesina. San Salvador, 10 de febrero de 2020.
La MPGR se prepara para actuar ante una emergencia

La MPGR se prepara para actuar ante una emergencia Con el lema “Yo me preparo y actúo”, la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos, CRGR, junto a las Mesas Nacionales de Gestión de Riesgo de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua desarrolló, este 6 de febrero, el tercer ejercicio de Simulación Regional, con el propósito de poner a prueba sus protocolos de respuesta ante una emergencia tanto a nivel regional como a nivel de país. En el ejercicio participaron los equipos técnicos integrados por: oficiales de Acción Humanitaria, Comunicaciones, Coordinaciones y Facilitaciones de proyectos nacionales y regionales de la CRGR. Además de los Equipos de Coordinación de cada uno de los países. Activación de protocolos de la MPGR En el caso de El Salvador, la MPGR activó sus protocolos por el impacto hipotético de dos fenómenos: Sequía y Tormenta tropical. Por el nivel de alerta y afectación de ambos eventos y siguiendo lo establecido en los procedimientos de la red se activó la “Sala Situacional”, que es la encargada del manejo de información de afectaciones proveniente de los territorios en los que trabajan las organizaciones de la red. Asimismo, según el Oficial de Acción Humanitaria de la MPGR, Vinicio López la Sala Situacional tiene como propósito “el monitoreo y la toma de decisiones político estratégicas y operativas con la finalidad de dar una respuesta y atención de emergencias ocasionadas por fenómenos naturales y socio naturales de aparecimiento lento o súbito en El Salvador y la región, esto porque la información recolectada permite gestionar proyectos de emergencia, como por ejemplo los ejecutados con fondos de la red Start Network”. Cabe destacar que este espacio de manejo de información, la conforman equipo técnico capacitado de la membresía en el Manejo de Centros de Operaciones de Emergencia (MACOE) y equipo técnico de la MPGR (Acción Humanitaria, Comunicaciones y Facilitación) quienes consolidan la información nacional que luego es compartida a nivel regional. Participación de Comisiones Municipales y Comunales de Protección Civil A este tercer ejercicio se incorporaron las Comisiones Municipales y Comunales de Protección Civil de los municipios de Mejicanos y Panchimalco, con las cuales la MPGR ha desarrollado un proceso de fortalecimiento de capacidades y mantiene coordinaciones periódicas. Asimismo, la Comisión Comunal de Protección Civil de San Luis La Herradura en la Paz y Acajutla en Sonsonate, activas cada vez que ocurre una emergencia. Campaña: “Yo me preparo y actúo”. La Simulación Regional se ha enmarcado en la campaña “Yo me preparo y actúo” que La Concertación Regional para la Gestión de Riesgos en Centroamérica (CRGR), junto a las Mesas Nacionales de Gestión de Riesgos inician este 6 de febrero. La misma se mantendrá por las próximas semanas como una guía práctica y útil que permitirá identificar y reducir los riesgos presentes en nuestras comunidades, en el entorno social o natural, ayudando a que las personas se preparen para organizarse y saber qué hacer ante una situación de emergencia. Según Kathya Chacón, representante de la membresía de la MPGR y formada en procesos como WASH, Medios de vida, entre otros “Es importante realizar campañas como Yo me preparo y actúo porque debemos trabajar a partir de la organización comunitaria para trabajar la gestión de riesgos, desde el local para fortalecer el nivel nacional y poder alcanzar el nivel regional. En lo local cada organización, cada comunidad debe trabajar por fortalecer el conocimiento en gestión de riesgos, en la elaboración de planes de emergencia, rutas de evacuación, lugares seguros en la comunidad”.
La MPGR participa en la XXX Asamblea de la CRGR

La MPGR participa en la XXX Asamblea de la CRGR Del 28 al 30 de enero de 2020, la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos (CRGR) desarrolló en la ciudad de San Salvador, El Salvador su treinta Asamblea Regional Ordinaria de Representantes. Además de las y los Representantes Regionales de las Mesas Nacionales de Gestión de Riesgos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador asistieron los equipos técnicos y administradores/as de cada uno de los países. La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador, MPGR, como integrante de la red regional estuvo presente en la jornada, la cual permitió la revisión de la perspectiva del trabajo de la CRGR y las Mesas Nacionales, acorde al contexto regional y nacional de cada país, esto a partir de un análisis de coyuntura; a la vez conocer los avances en la gestión y ejecución técnica y financiera de proyectos de la red regional identificando los retos, desafíos y lecciones aprendidas, que faciliten la mejora continua de las acciones programáticas de la red. Los y las participantes analizaron el avance del proyecto Fase III: “Creación de capacidades de CRGR para una acción humanitaria de mayor calidad para contribuir a la creación de resiliencia en América Central”, con base al Marco de Resultados en su primer año, asimismo el «Proyecto Regional de Respuesta a los efectos de la sequía y las inundaciones en América Central» el cual inició a finales de 2019 . La Asamblea Regional de Representantes es la máxima instancia de decisión de la CRGR y está constituida por los representantes propietarios y suplentes delegadas y/o delegados por las mesas nacionales de cada país. La misma se reúne por lo menos dos veces al año. Conferencia de prensa de la CRGR El día 29 de enero, la CRGR desarrolló una conferencia de prensa para a conocer su posicionamiento como organizaciones de la sociedad social ante la crisis económica y ambiental que genera riesgos sociales en la región centroamericana. En su comunicado la CRGR destacó el alto nivel de vulnerabilidad de la región centroamericana debido a que gran parte del territorio se ubica en el Corredor Seco centroamericano, señalaron que “la creciente crisis climática, violencia social y migración han incrementado las vulnerabilidades y exacerbado los riesgos, situación que pone en peligro la vida de las personas; y muestra un drama humano sin precedentes”. Respecto al tema de la migración, la red centroamericana ve con mucha preocupación que los gobiernos de la región firmen acuerdos de los cuales las organizaciones de sociedad civil y la población en general desconoce o conoce muy poco sobre su contenido, siendo que la migración por las diferentes causas genera desplazamientos masivos y expone a las personas a una situación de vulneración de derechos y crea crisis en los territorios donde se desplazan. Galería fotográfica de la XXX Asamblea de la CRGR: https://www.facebook.com/MesaPermanenteParaLaGestionDeRiesgoEnElSalvador/posts/2652901028097263
Posicionamiento de la CRGR ante la crisis global, regional y nacional.

Posicionamiento de la CRGR, ante la crisis global, regional y nacional por migración, inseguridad alimentaria y violencia social, que evidencia la vulnerabilidad. La situación en Centroamérica, una región considerada altamente vulnerable, debido a que gran parte del territorio se ubica en el Corredor Seco centroamericano, la creciente crisis climática, violencia social y migración han incrementado las vulnerabilidades y exacerbado los riesgos, situación que pone en peligro la vida de las personas; y muestra un drama humano sin precedentes. Un escenario que agrava esta crisis es la corrupción, (según el informe de transparencia internacional los 4 países están en posición crítica en la gestión pública), más sin embargo el vecino del norte, está considerando a Guatemala, Honduras y El Salvador un tercer país seguro, en detrimento de los Derechos Humanos de los migrantes y a costa de la población centroamericana que ya vive situaciones críticas de índole sociopolítica y medioambiental. En el 2019 e inicio del 2020, las personas detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos (patrulla fronteriza) fueron 89,003 (guatemaltecos 42,757; hondureños 33,824 y salvadoreños 12,422), la niñez no acompañada es de 35,468 (guatemaltecos 20,701; hondureños 9,987 y salvadoreños 4,780). La crisis humanitaria en Centroamérica es una realidad que también afecta a otros países como EE.UU. y México. El número de refugiados y solicitantes de asilo de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) se ha multiplicado casi por diez desde 2011, a la fecha según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Existe un incremento del 38,1% de concentración de hogares que migran en el corredor seco guatemalteco, similar en Honduras y El Salvador, una de las causas es el deterioro alimentario (INSA) que condiciona a los hogares a migrar por la disponibilidad de activos, empleo e ingresos. Mientras las organizaciones de sociedad civil, la cooperación internacional y organismo humanitarios se enfoca en hacer intervenciones para atender las crisis humanitarias provocadas por fenómenos de tipo antrópicos (inadecuada planificación del desarrollo, monocultivo, deforestación) los gobiernos siguen impulsando un modelo extractivista que continua provocando inseguridad y pérdida de soberanía, sobre todo en los territorios que tienen condiciones de vulnerabilidad producto del Cambio Climático. En conclusión, es posible reducir la migración si se reduce el deterioro de la Seguridad Alimentaria de los hogares, inseguridad ciudadana, violación a los Derechos humanos, falta de empleo, entre otros. La CRGR ve con mucha preocupación que los gobiernos de la región firmen acuerdos de los cuales las organizaciones de sociedad civil y la población en general desconoce o conoce muy poco sobre su contenido, siendo que la migración por las diferentes causas genera desplazamientos masivos y expone a las personas a una situación de vulneración de derechos y crea crisis en los territorios donde se desplazan. San Salvador, 29 de enero de 2020.
Comunicado MPGR

Este miércoles 15 de enero de 2020, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador brindó una conferencia de prensa para dar su posicionamiento, en el marco del terremoto del 13 de enero de 2001. Comunicado de prensa El terremoto del 13 de enero del año 2001 es uno de los más devastadores de los últimos tiempos en el país. Su magnitud fue de 7.6 grados en la escala de Richter y en sus 45 segundos de duración provocó la muerte de 944 personas, más de la mitad de estas en la Colonia Las Colinas, en Santa Tecla. La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) recuerda los datos que dejó la tragedia: La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) recuerda los datos que dejó la tragedia: Daños Humanos Daños a infraestructura · 944 personas fallecidas · 5,565 personas lesionadas · 1,364,160 personas damnificadas · 169,692 viviendas dañadas. · 108,261 viviendas destruidas. · 688 viviendas soterradas. · 19 Hospitales dañados. · 75 Unidades de salud dañadas. · 405 Iglesias dañadas. La CEPAL estimó las pérdidas y daños en $1,255.4 millones de dólares. 19 años han pasado de este terremoto y si bien hay avances en la preparación, por ejemplo, a nivel de organización comunitaria y Sistemas de Alerta Temprana aún falta mucho por hacer, tomando en cuenta nuestra realidad: el 88.7% del territorio salvadoreño se considera zona de riesgo y sobre esa superficie se asienta el 95.4% de la población, según datos del Ministerio de Medio Ambiente. La niñez, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores continúan integrando los grupos en mayor condición de vulnerabilidad en las diferentes zonas de riesgo. Debido a ello como Sociedad Civil siempre hemos llamado al Estado a contar con normativas para hacer frente a este tipo de emergencias y apostar por la prevención, con el fin minimizar los riesgos y salvar vidas. Por lo anterior, como sociedad civil vemos con preocupación, que el nuevo gobierno no haya anunciado medidas enfocadas en abordar la vulnerabilidad del país, como si lo ha hecho en temas de seguridad, turismo y economía. Por lo tanto, nos parece oportuno como MPGR llamar al Ejecutivo salvadoreño a buscar la ruta para trabajar por la Gestión Integral de Riesgos. Por su parte, la Asamblea Legislativa tiene en sus manos reformar la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la cual data de 2005 y que debe cambiar su enfoque reactivo por un enfoque preventivo y prospectivo de los riesgos. Proceso que debe ser impulsado también desde la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. En este marco, nos solidarizamos con las familias que perdieron a sus seres queridos y les reafirmamos nuestro compromiso de lucha porque en el país se fortalezca el tema de la prevención, por ello exigimos al Estado salvadoreño se cumplan las siguientes demandas: Al Ejecutivo, le exigimos trabajar en medidas claras enfocadas en la vulnerabilidad y el riesgo que afecta a la mayoría de la población. El país cuenta con una Política Nacional de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Mitigación, la cual debe ser aplicada por el gobierno salvadoreño, a través de sus diferentes Ministerios. Asumir un verdadero compromiso en el tema de la Gestión Integral de Riesgos, con el fin de construir en nuestro país una cultura enfocada en la reducción de riesgo de desastres, con enfoque inclusivo. Al Legislativo discutir y analizar la reforma de la Ley de Protección Civil Prevención y Mitigación de Desastres, lo cual permita contar con instrumentos legales actualizados, para hacerle frente a los diferentes eventos que afectan el país. San Salvador, 15 de enero de 2020.
