Diferente organizaciones sociales brindaron su posicionamiento respecto al suceso de este domingo 9 de febrero, en el que se ha puesto en peligro la democracia del país luego que la Policía y el ejército tomara el control del Palacio Legislativo. La MPGR se ha unido a este pronunciamiento, ya que considera que esto constituye un riesgo social, por lo tanto aboga por el diálogo entre los Órganos Ejecutivo y Legislativo para la resolución de conflictos y el respeto a la independencia de poderes.
Comunicado de prensa
Condenamos el atentado contra la democracia perpetrado ayer por el Presidente Bukele en su “intento de golpe” contra la Asamblea Legislativa
Las diferentes concertaciones del movimiento social aquí presentes, ante el grave atentado contra la democracia que representa el ataque del Ejecutivo contra la Asamblea Legislativa, ante la opinión pública nacional e internacional, expresamos lo siguiente:
- Desde que inició su gobierno, el Presidente Nayib Bukele ha mostrado un estilo anti-dialogante, autoritario y antidemocrático que se manifiesta en frecuentes atropellos a la libertad de expresión y restricciones al acceso a la información, violaciones al debido proceso y permanente confrontación con los demás órganos del Estado, especialmente contra la Asamblea Legislativa y los partidos políticos ahí representados, sobre todo contra ARENA y -más aún- contra su ex partido.
- Tal actitud antidemocrática tocó fondo la semana pasada. Ante la negativa de la Asamblea Legislativa de aprobar un préstamo de 109 millones de dólares cuyos destinos no están totalmente claros ni justificados, Bukele apeló ilegítimamente a disposiciones del Artículo 167 de la Constitución de la República que no aplican en este caso, pues el Consejo de Ministros sólo puede convocar a la Asamblea en momentos excepcionales y situaciones de emergencia como guerras o catástrofes naturales. La invocación a esta facultad del Ejecutivo es, en este caso, ilegal, tal como lo sostienen todas las instancias que se han pronunciado al respecto (FESPAD, PDDH y hasta FUSADES).
- Igualmente reprobable es el llamado presidencial a la insurrección. Tal como lo expresó el ex procurador de derechos humanos David Morales, este derecho -consagrado en el Artículo 87 de nuestra Carta Magna- es para el pueblo, cuando los gobernantes violentan el orden constitucional; y no al revés. Bukele no puede llamar a la insurrección; es el pueblo el que va a tener que ejercer este derecho si él continúa su comportamiento autoritario, antidemocrático y violatorio del orden constitucional del país.
- Y lo aún más repudiable es la militarización, toma violenta y “profanación” del recinto legislativo por parte del Presidente Bukele y sus secuaces. Las imágenes de soldados y policías invadiendo el salón azul retraen el pasado dictatorial y represivo que la democracia milenial del Presidente busca reeditar. El “performance” bukeliano incluyó una flagrante violación al carácter laico del Estado: el Presidente se comunicó con Dios, superando al mejor estilo de la presidenta golpista boliviana Jeanine Áñez quien entró con la Biblia al palacio de gobierno.
- Lo actuado por el Presidente Bukele constituye una gravísima violación a la institucionalidad, significa una ruptura del orden constitucional y representa un golpe contra la democracia. Las organizaciones populares condenamos y denunciamos este grave retroceso en la historia nacional; y exigimos que esto no quede impune: que la Fiscalía General de la República investigue los delitos cometidos y que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le remarque los límites constitucionales al Presidente.
- En sintonía con el llamado de diversas organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, exhortamos al diálogo Ejecutivo-Asamblea Legislativa y a la búsqueda de acuerdos nacionales, no sólo sobre financiamiento de la seguridad pública, sino también para aprobar la Ley General de Agua, desprivatizar el sistema de pensiones, aprobar una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más” y otros temas urgentes de país en los que, por cierto, el Ejecutivo no ha mostrado interés ni reclamado a la Asamblea por su aprobación.
- Exigimos al Presidente Bukele cumplir su función constitucional de procurar la paz y la armonía social; y no utilizar el respaldo popular para “aventuras golpistas” y derivas autoritarias, sino para profundizar la democracia y enfrentar responsablemente los problemas estructurales del país mediante el diálogo, permitiendo la participación ciudadana, respetando la institucionalidad y garantizando el Estado de derecho.
Finalmente, llamamos a todas las organizaciones progresistas, sectores democráticos y a la población en general a estar atenta para defender la democracia y exigir transformaciones estructurales orientadas a desmontar el modelo neoliberal.
Las Organizaciones Nacionales firmantes: La Alianza contra la Privatización del Agua, Mesa por la Soberanía Alimentaria, Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, Movimiento de ONGs para el Desarrollo Solidario de El Salvador (MODES), Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos (MPGR), Alianza por la defensa de los derechos de las mujeres rurales y La Via Campesina.
San Salvador, 10 de febrero de 2020.
