Exfábrica de baterías Récord pone en peligro nuevamente a la población del cantón Sitio del Niño
Imagen/Protección Civil. A las 8.21 de la noche del domingo 2 de agosto de 2020, el cuerpo de bomberos informa de un reporte de incendio de grandes proporciones en la exfábrica de baterías Récord, ubicada en el cantón Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico en el departamento de La Libertad. Ante esta situación, a las 9:28 pm el Ministro de Gobernación, Mario Durán como Presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil emitió Alerta Roja en el municipio de San Juan Opico e informa que se procedería a la evacuación preventiva en zonas aledañas al incendio. Posteriormente, de manera preventiva, el Sistema Nacional de Protección Civil evacuó a la población que se encontraba a 500 mts a la redonda de la exfábrica, esto debido al peligro de exposición al plomo que aún se encuentra en la zona. A las 11.19, las autoridades confirmaban que el incendio había sido controlado en la zona de la exfábrica de Baterías Récord, además estimaban que el fuego estaría sofocado alrededor de la 1:00 a.m. Por otra parte, el Presidente de la República, Nayib Bukele solicitó al Ministerio de Agricultura habilitar las instalaciones de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) como albergue para las familias afectadas. Además solicitó a la Policía Nacional Civil coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) una investigación exhaustiva sobre el incendio. Sobre esto último desde el MARN ya se han pronunciado “Hemos iniciado las investigaciones técnicas necesarias en coordinación con la Policía Nacional Civil y agotaremos las instancias legales y técnicas para solucionar este problema que ha afectado por años a la población de Sitio del Niño” Exfábrica de baterías Récord: un calvario para la población del cantón sitio del Niño La fábrica Baterías de El Salvador, mejor conocida como Récord era propiedad de la familia Lacayo. Uno de sus miembros, Miguel Lacayo, fue Ministro de Economía durante el Gobierno del ex Presidente Francisco Flores. De acuerdo a la Sistematización “Caso Contaminación por Plomo Ocasionado por la Empresa Baterías de El Salvador. S.A de C.V. y el Proceso de Lucha Impulsado por la Población Afectada”, llevada a cabo por el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada CESTA “Las actividades de la Empresa Baterías de El Salvador, inician entre 1994- 1995 como una distribuidora de baterías en el mercado nacional y regional, la empresa aún no se dedicaba al reciclaje. Es hasta el año 2000 que comienza el ensamblaje de baterías. Incluso inicia su funcionamiento antes de que se le otorgue el permiso ambiental entregado en el 2003, sus operaciones consistieron en fabricar baterías electrolíticas de ácido plomo para vehículos, y ya poseía una planta recicladora de plomo donde generaba su propia materia prima”. Entre los años 2003 y 2004 se presentan los primeros problemas ambientales y en la salud de los habitantes, según detalla la investigación del CESTA “los niños y niñas se enfermaban con mucha frecuencia: con dolores de cuerpo, se les caía el cabello, y había muchos padecimientos de salud”. La planta de la fábrica generaba emanaciones industriales, en el proceso de elaboración de las baterías, lo que dejó muchas víctimas de contaminación en la comunidad y de trabajadores de la empresa. La fábrica fue cerrada en el año 2007, posterior a la intervención de las carteras de Medio Ambiente, Salud y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Sin embargo, la judicialización del caso solo procesó a algunos ingenieros de operaciones y el representante legal de la empresa; por su parte los miembros de la familia Lacayo se encuentran prófugos. Es por ello que las miles de personas afectadas por la contaminación por plomo han insistido por años que el caso no quede impune y se lleve a la justicia a los dueños de la fábrica. Además han denunciado que las acciones de reparación no fueron suficientes para compensar el daño a la salud de la comunidad. En el actual contexto, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha recordado que en el mes de febrero de este año emitió un decreto de emergencia ambiental por contaminación de plomo en el sitio, con un área de 271,375 metros cuadrados. La acción se debió a que “la concentración de plomo es de 400 partículas por millón, que es el parámetro para considerarse altamente tóxico para la salud humana”. Asimismo, el mismo MARN recuerda que en el 2015, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia, que le ordenaba limpiar el sitio de un daño ocasionado por una empresa privada, que asciende a decenas de millones de dólares. Tema que aún está pendiente.
¡Yo me preparo y actúo! ante el Coronavirus.
Campaña regional en el marco de la pandemia por el COVID-19 e implementada por las Mesas Nacionales de Gestión de Riesgos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua que integran la …
Posicionamiento de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador en rechazo a la octava represa en el río Sensunapán
Posicionamiento de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador en rechazo a la octava represa en el río Sensunapán Ante las intenciones de la empresa Sensunapán S.A. de C.V. de obtener el permiso ambiental, para la construcción de la octava hidroeléctrica en el río Sensunapán ubicado en el departamento de Sonsonate, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) expresa su total rechazo a la iniciativa que pone en riesgo los ecosistemas del afluente, los medios de vida y hasta la salud de las comunidades indígenas del territorio. Es de recordar que a la misma empresa ya le fue rechazado este proyecto en el año 2014, luego de una fuerte defensa de las poblaciones locales y porque la empresa no pudo sostener el argumento de que la hidroeléctrica no afectaría los medios de vida de las comunidades. Sin embargo, desde el año 2019 Sensunapán S.A. de C.V. ha emprendido un nuevo intento para obtener el permiso ambiental, tomando en cuenta que el Presidente Nayib Bukele ordenó ese mismo año al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López que agilizara los permisos ambientales, para desentrampar “miles de millones de dólares” en proyectos; producto de ello existe actualmente un proceso de consulta pública en dicha instancia gubernamental, esto aprovechándose de la inmovilidad de las personas por falta de transportes y en medio de una serie de señalamientos de corrupción, que señalan a funcionarios de mal uso de los recursos del Estado. Entre los riesgos que generaría la construcción de la represa se encuentran, el que se sequen varios kilómetros del afluente lo que tendría impactos negativos en la biodiversidad del río y ocasionando consecuencias subyacentes como falta de vital liquido, mermados sus medios de vida, daños irreversibles a los ecosistema, entre otras. Lo anterior afectaría de forma negativa en la población que depende de esa agua y cuyo acceso les sería restringido a consecuencia de la obra, es lo que llamamos privatización de un bien natural. Como sociedad Civil expresamos todo nuestro apoyo a las comunidades indígenas del territorio, no es posible que el Estado salvadoreño no esté a favor de proteger a estos pueblos históricamente marginados y violentados. Rechazamos que se intente anteponer siempre los intereses económicos a los derechos humanos y ambientales. Ante esta situación, la MPGR expresa ante la opinión pública las siguientes demandas: a) Exigimos al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) rechazar lo más pronto posible el permiso ambiental, para la construcción de la octava represa a la empresa Sensunapán S.A. de C.V. b) El MARN debe detener la consulta pública, la cual en el contexto de la pandemia del COVID-19 no debería proceder, en su lugar debería trabajar en un estudio integral, que permita identificar la capacidad hídrica, el caudal y otros elementos que repercuten en el río Sensunapán, para tener información previa necesaria ante nuevos intentos de permisos ambientales en la zona por parte de esta y otras empresas. c) Asimismo, cumplir los planes, políticas y programas de preservación, conservación y protección de la biósfera, ya que esta es vital para el río. d) Hacemos un llamado especial al Tribunal Ambiental a que esté vigilante a la concesión de este tipo de permisos, ya que violentan y destruyen ecosistemas y vidas. e) A la empresa Sensunapán S.A. de C.V. abstenerse de coaccionar a diferentes sectores de la población para obtener su apoyo, mientras el Ministerio de Medio Ambiente realiza el proceso de consulta pública de la hidroeléctrica. f) Al Estado salvadoreño, proteger los derechos de las poblaciones indígenas que una vez más están en peligro de ser vulneradas. g) Finalmente, expresamos que nos mantendremos vigilantes ante el accionar de las entidades correspondientes, para denunciar este tipo de acciones que van en contra de la vida de los ecosistemas y la población. San Salvador, 27 de junio de 2020.
La MPGR inicia la implementación de las iniciativas productivas con cultivos alternativos enmarcadas en el Proyecto Regional «Respuesta a los efectos de la Sequía y las Inundaciones en América Central»
La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) avanza en la implementación de las iniciativas productivas con cultivos alternativos, en comunidades beneficiarias del Proyecto Regional «Respuesta a los efectos de la Sequía y las Inundaciones en América Central». A pesar de la crisis por la pandemia del COVID-19 y las recientes lluvias, la MPGR continúa desarrollando las acciones contempladas en el Proyecto que se desarrolla en los 4 países que integran la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos (CRGR): Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Después de la entrega de 2 paquetes de alimentos de primera necesidad para 250 familias, las organizaciones ejecutoras de la MPGR: FUNSALPRODESE, REDES y OIKOS coordinan la implementación de iniciativas productivas con cultivos alternativos. La primera organización de la red en hacer efectiva esta acción, el pasado jueves 11 de junio, ha sido la Fundación REDES, en la comunidad San Juan 2; caseríos San Juan 2 y Los Nieto González, del municipio de Alegría, departamento de Usulután. La población beneficiaria en el municipio de Alegría son 30 familias: De acuerdo a Moisés Batres, representante de Fundación REDES y Coordinador Nacional del Proyecto, el objetivo de dichas iniciativas productivas es el fortalecimiento de las capacidades de resiliencia en 30 familias y contribuir a su seguridad y soberanía alimentaria, a través del diseño e implementación de igual número de huertos y módulos de aves por medio de la agroecología. Cantidades y tipo de insumos entregados por familia Debido a la emergencia por el COVID-19, para llevar a cabo esta actividad se tomaron las medidas de bioseguridad necesarias (uso de mascarillas, distanciamiento social, entre otras). «Esta acción del proyecto tiene como propósito brindar herramientas teórico-prácticas que permitan la mejor comprensión y aplicación de la agroecología y seguridad y soberanía alimentaria a través de las prácticas agroecológicas. Además de aprender a cultivar y producir hortalizas en áreas pequeñas sin el uso de agrotóxicos, contribuyendo a la adaptación del cambio climático». Moisés Batres, representante de Fundación REDES y Coordinador Nacional del Proyecto. Implementación de iniciativas productivas con cultivos alternativos en la comunidad San Juan 2; caseríos San Juan 2 y Los Nieto González, del municipio de Alegría, departamento de Usulután, llevada a cabo por la Fundación REDES, el pasado jueves 11 de junio de 2020. Fotos: Fundación REDES.
La MPGR lista para ejecutar proyecto de emergencia: “Respuesta Humanitaria a familias afectadas por tormenta tropical Amanda en El Salvador”
La MPGR se prepara para brindar atención a personas afectadas por las recientes lluvias, a través del proyecto “Respuesta Humanitaria a familias afectadas por tormenta tropical Amanda en El Salvador”. A través de las organizaciones de la red: Asociación PRO-VIDA, Comandos de Salvamento y APRODEHNI se dará ayuda 650 familias de 3 municipios del país. El Salvador resultó fuertemente afectado por el impacto de la Tormenta Tropical Amanda y posteriormente los efectos de la Tormenta Tropical Cristóbal. Las fuertes lluvias provocadas por los fenómenos dejaron como saldo 30 personas fallecidas, 1 desaparecida, además cerca de 30 mil familias afectadas, a esto se le suman las múltiples afectaciones a nivel nacional. En este marco, la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos (CRGR) y la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR), a través de la organización Asociación PRO-VIDA gestionaron ayuda con la red Start Network, para brindar atención a familias afectadas por las lluvias. La cooperación con sede en el Reino Unido activó la alerta 433 y puso a disposición sus fondos “Start Fund”, para sus socias en El Salvador con lo cual será posible el proyecto “Respuesta Humanitaria a familias afectadas por tormenta tropical Amanda en El Salvador”. En el caso de la MPGR, las organizaciones que ejecutarán en conjunto dicho proyecto de emergencia que beneficiará a 650 familias serán: Asociación PRO-VIDA, COMANDOS DE SALVAMENTO y APRODEHNI. Los departamentos a intervenir son La Paz, San Vicente y Sonsonate. La intervención que hará la MPGR tendrá un monto de £66 mil libras esterlinas, se desarrollará en un periodo de 45 días, del 7 junio al 21 julio. Las acciones serán las siguientes: -Distribución de kits de limpieza comunitarios. Se proveerá de herramientas básicas a liderazgo comunitario a ser utilizadas en próximas tormentas. – Campañas de saneamiento básico, manejo de vectores y remoción escombros, las cuales serán coordinadas con el Ministerio de Salud, líderes y lideresas de las comunidades. – Cash Transfer multipropósito. Las personas podrán comprar lo que estimen conveniente. – Entrega de kits de protección personal ante el COVID-19 (mascarillas, alcohol gel, guantes). Intervención por organización: Asociación PRO-VIDA: 235 familias del municipio de Sonsonate. 1 comunidad (Salinas de Ayacachapa). APRODEHNI: 115 familias del municipio de San Luis La Herradura, departamento de La Paz: 65 familias de la comunidad Río Viejo y 50 familias de la comunidad Jaltepeque. COMANDOS DE SALVAMENTO: 300 familias del municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente. 5 comunidades en total (Las Anonas, El Porvenir, Rancho Grande, La Pita, Santa Marta). «El municipio de San Luis La Herradura (departamento de La Paz) se ubica a casi 2 metros sobre el nivel del mar. Estas comunidades a beneficiar están asentadas en el corredor del Estero de Jaltepeque, el exceso de agua provocó inundaciones por la fragilidad de los terrenos donde se ubican las viviendas. Un 90% de la población de estas comunidades tienen como actividad principal la pesca y las condiciones no han estado favorables para llevarla a cabo, primero por la pandemia del COVID-19 y posteriormente por las lluvias. En ese sentido, el proyecto viene a suplir una necesidad básica, un derecho fundamental que es la alimentación, principalmente la de los niños y niñas». Gil Pintín, Director de APRODEHNI. «Además de la transferencia monetaria y de las campañas de eliminación de desechos, donde puedan proliferar zancudos, se les entregarán a las familias un kit de protección personal ante el COVID-19 (mascarillas, alcohol gel, guantes). Esta acción tiene como objetivo evitar que las personas se contagien por el virus cuando salgan a recoger las transferencias monetarias que el proyecto les va a entregar y cuando salgan por otros motivos, por ejemplo la compra de alimentos y en su momento a buscar trabajo o para reincorporarse a la parte económica del país». Eduardo González, representante de Asociación PRO-VIDA y referente del proyecto. «Se ha comenzado a trabajar en las 5 comunidades del sector de San Nicolás Lempa, mejor conocido como las comunidades del Bajo Lempa, en San Vicente, estas han sufrido por la Tormenta Tropical Amanda y Cristóbal. Esta ayuda vendrá a beneficiar a las comunidades Las Anonas, El Porvenir, La Pita, Santa Marta y Rancho Grande. La mayoría de estas familias han perdido los cultivos agrícolas, las aves de corral, ya que las fuertes lluvias desbordaron los ríos que nacen en los sectores de las comunidades. A través de este proyecto las personas van a poder comprar lo que más necesitan, ya sea víveres, medicamentos, ropa, o lo podrán utilizar para comprar láminas y con los kits de limpieza las comunidades se podrán organizar para limpiar todos los troncos o la basura que les ha dejado las inundaciones, además podrán hacer la limpieza de los ríos cercanos». Roberto Cruz, Director de COMANDOS DE SALVAMENTO.
La Caminata Ecológica reivindica el Día Mundial del Medio Ambiente al señalar las problemáticas y conflictos ambientales en El Salvador
Este 2020, el espacio de la Caminata Ecológica cumple 20 años. En años anteriores, el esfuerzo conformado por movimientos de iglesias, organizaciones sociales, movimientos ambientalistas, pueblos originarios, centros educativos, entre otros ha desarrollado movilizaciones en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, conmemorado cada 5 de junio. Históricamente la Caminata Ecológica, de la cual es parte la MPGR, ha reivindicado los temas sobre las problemáticas y conflictos ambientales más sentidos en el territorio nacional, es por ello que a pesar de la crisis por el COVID-19 y ahora la situación por las lluvias de los últimos días, el colectivo no podía guardar silencio. Por lo tanto realizó una conferencia virtual, para alzar la voz y presentar ante la sociedad salvadoreña un balance sobre la problemática ambiental que vive El Salvador. A continuación el posicionamiento completo: Posicionamiento de la XX Caminata Ecológica 2020 Con la resolución del 15 de diciembre de 1977, la Organización de las Naciones Unidas estableció que el 5 de junio fuera el “Día mundial del Medio Ambiente”. A partir de esta declaración se va celebrando cada vez más en el mundo, dando espacio a la creatividad y a la vez con más sentido de pertenencia y compromiso. En El Salvador, a partir del año 2001 se ha venido conmemorando con la “Caminata Ecológica” por parte de las organizaciones ambientalistas quienes por los diversos medios invitan a participar a todos: organizaciones comunitarias, instituciones, fundaciones, iglesias, colegios, comunidades y movimientos sociales en general, a que se involucren en la colorida expresión por el medio ambiente. También este año 2020, celebrando la XX caminata no podemos quedarnos inertes en esta celebración. Aún con las amenazas de la misma naturaleza que ha desplegado su presencia de COVID-19 por todos los países del mundo y nos tiene encerrados y más aún con otra alerta roja a causa del reciente paso de la depresión E-2 que luego se transformó en la Tormenta Amanda, seguidamente, del azote de la nueva Tormenta Cristóbal. Históricamente la Caminata Ecológica, reivindica temas sobre las problemáticas y conflictos ambientales más sentidos en el territorio nacional, hacemos un recuento de los principales. En El Salvador no existe una inclusión del Derecho Humano al Agua en nuestra Constitución y, además, resentimos la ausencia de una Ley General de Aguas. Actualmente, el Estado no asume acciones concretas para garantizar el derecho humano al agua, sobre todo a la población más vulnerable, principalmente la que habita en la zona rural salvadoreña. Esto se refleja en los datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2018, que establece que aún carece de servicios de agua por cañería el 4.6% de la población en la zona urbana (305,567 personas, unas 61,000 familias), y el 22.9% en la zona rural (1,521,193 personas, unas 304,000 familias). Esto no significa que la población que sí cuenta con los servicios goce de continuidad en el suministro, agua de calidad y que el costo sea accesible para toda la población, tal como lo establecen los principios del derecho humano al agua. También es importante destacar que 1,379,000 personas (21% de la población nacional y el 52% de la zona rural y semi rural), se abastece de agua potable a través de juntas de agua rurales (JAR), las cuales, al no ser reconocidas legalmente, en su mayoría, no reciben apoyo del Estado, estas Juntas de Agua Rurales han enfrentado serias dificultades para funcionar durante la pandemia debido a la falta de recaudación de pagos por parte de sus usuarios ante las equivocadas medidas de no pago dictadas por el gobierno ante la pandemia. La situación planteada, sin lugar a dudas, pone a la población salvadoreña en una mayor vulnerabilidad para enfrentar la crisis actual. Sin embargo, a pesar de la suma de todos estos problemas, la Asamblea Legislativa, en el actual contexto de pandemia, ha decidido suspender cualquier debate sobre este tema; lo cual carece de sentido, puesto que la Organización Mundial de la Salud ha declarado el lavado de manos frecuente como una medida necesaria para la prevención del nuevo coronavirus, sin embargo, no podemos esperar resultados positivos si el Estado salvadoreño no garantiza agua de calidad y en cantidad adecuada a todas las familias. Consideramos que, en circunstancias excepcionales, como la actual pandemia, el agua es un elemento vital no solo por hacer posible el sostenimiento mismo de todas las formas de vida, sino también porque es indispensable para la prevención del nuevo coronavirus. Sumado a esto a más de doce años que venimos demandando al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que emita un dictamen en el cual prohíba de manera real, el uso, venta y consumo de agrotóxicos en el país, y hasta la fecha no hemos obtenido respuesta positiva alguna, y vemos con preocupación que ésta administración continúa realizando acciones que dejan sin apoyo al sector agrícola, por un lado con el presupuesto del MAG más bajo de los últimos 8 años, una reducción de más de 22 mil paquetes agrícolas, una apertura de fronteras que ha afectado directamente a ganaderos, productores/as de hortalizas y pequeños productores/as de granos básicos, en este último caso con la importación de más de 50 mil toneladas de maíz blanco sin antes verificar la existencia a nivel local, y con ello se garantiza una seguridad alimentaria, pero seguimos sin tener una soberanía alimentaria en nuestro país. Nuestra lucha en aras de una soberanía alimentaria y nutricional, que promueva equidad, alimentación sana y creatividad social mediante múltiples procesos de articulación y organización fuertes, transparentes, siempre urgentes. Debemos detener los transgénicos, los monocultivos agroindustriales, los venenos agroquímicos que afectan no solamente la salud de nuestra población sino, también, la salud de nuestra madre tierra. A estas problemáticas indicadas se le suma una nueva crisis la del COVID 19 que a nivel mundial lleva “Reportados” 6, 264,742 de contagiados y 375,513 mil fallecidos al día de ayer, y que en El Salvador ha implicado ya 2, 718 casos confirmados, 52 fallecidos y más de 3 mil personas en