La MPGR se prepara para la primera simulación nacional de la red
El próximo martes 23 de febrero del 2021, la MPGR desarrollará el primer ejercicio de simulación nacional con el cual se pretende evaluar el manejo de información, comunicación y la toma de decisiones de la red en situaciones de emergencias. La actividad se enmarca en el proyecto regional de la CRGR: «Creación de capacidades de la CRGR para una acción humanitaria de mayor calidad para contribuir a la creación de resiliencia en América Central». Este ejercicio tendrá el nombre de la campaña regional «Todos y todas nos cuidamos» y contará con la participación de las Comisiones Municipales y Comunales de Protección Civil de Mejicanos y Panchimalco. Como parte de las acciones preparatorias, la MPGR ha desarrollado diversas reuniones con actores claves de las mismas, esto con el propósito de socializar los instrumentos de recolección de datos, roles o funciones que deberán asumir en dicho ejercicio. “El ejercicio de simulación de gestión de riesgo es muy importante tanto para las comisiones comunales y comisión municipal, ya que nuestra visión es la prevención de riesgos, por ende las comisiones comunales deben estar capacitadas. Este tipo de ejercicio promovido por la MPGR nos ayuda a mantener la participación activa de las comunidades y la coordinación con la comisión municipal. Por parte de la comisión municipal nos parece importante el ejercicio ya que nos coloca en una situación de resolución de problemas que durante una emergencia suceden, nos ayuda a dar un mejor tiempo de respuesta y en salvaguardar la vida de las personas, de igual forma en activar el COE y llenar los formatos y formularios ya que durante emergencias reales no podemos andar inventando el llenado de los mismos». Steve Hasbún, Coordinador de la Comisión Municipal de Protección Civil de Mejicanos. «Creo que este tipo de actividades es importante dada la necesidad de familiarizarnos con los instrumentos de información, monitoreo y de poder manejar un mecanismo de información y comunicación con las comisiones de riesgo en las comunidades». Denry Mauricio Castillo Menjivar, Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo de la Alcaldía Municipal de Panchimalco. «La participación de las Comisiones Municipales y Comunales de Protección Civil de Mejicanos y Panchimalco en el ejercicio de simulación, es de suma importancia ya que a través de una situación hipotética de desastre, las y los participantes deberán tomar decisiones basadas en la información que reciben durante el ejercicio, esto sin lugar a dudas vendrá fortalecer los niveles de coordinación, comunicación y toma de decisiones entre ambos niveles». Vinicio López, Oficial de Acción Humanitaria de la MPGR. El martes 10 de febrero, en coordinación con la Alcaldía Municipal de Mejicanos, la red realizó una reunión con integrantes de la Comisión Municipal y representantes de las Comisiones Comunales de Protección Civil de Villa Guadalupe, Pasaje Las Flores Mónico 1 y Las Nubes. El viernes 12 de febrero la MPGR llevó a cabo una reunión con representación de la Comisión Municipal de Panchimalco. El lunes 15 de febrero se realizó una reunión con referentes de las organizaciones de la MPGR que participarán en el ejercicio de simulación.
La MPGR conmemora los 20 años del terremoto del 13 de febrero de 2001
En el marco del 20 aniversario del terremoto del 13 de febrero de 2001, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) llevó a cabo una conferencia de prensa en la que realizó un análisis de los impactos del fenómeno y las deudas en el tema de la prevención, además expuso una serie de demandas al Estado y a las candidaturas municipales y de diputadas/os. A continuación el comunicado: COMUNICADO DE PRENSA El 13 de febrero de 2021 se cumplen 20 años del segundo terremoto que impactó El Salvador en el año 2001. Este sismo dejó 315 personas fallecidas, su magnitud fue de 6.6 grados en la escala de Richter, focalizando su fuerza en la zona central y paracentral del país, los departamentos más afectados fueron Cuscatlán, San Vicente y La Paz, declarados como zona de emergencia por las autoridades. La mitad de las muertes por el terremoto (165) se concentraron en Cuscatlán y la cuarta parte (87) en San Vicente. El número total de población herida fue de 3,300, frente a los 4,723 de un mes atrás, además de 92 personas soterradas. La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) se solidariza con las familias que perdieron a seres queridos en esta tragedia y considera importante tener presente nuestra memoria histórica que nos permite seguir trabajando por las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad, las más afectadas ante este tipo de fenómenos; una de ellas es la niñez, a la cual golpeó principalmente este sismo, pues un alto porcentaje de las muertes fue de niñas y niños, de acuerdo al documento elaborado ese año por la CEPAL “El Salvador: Evaluación del terremoto del martes 13 de febrero de 2001”. Es importante señalar que la escuela parroquial de Candelaria, en el departamento de Cuscatlán fue una de las noticias que más impactó a nivel nacional e internacional, por la muerte de una maestra de parvularia junto a 8 de sus alumnos. Lamentamos que pese a ser una nota impactante, a 20 años de los terremotos de 2001 aún no hemos trascendido a la cultura de prevención de riesgos y en la actualidad no se trabaja con una Política Nacional de Gestión Integral de Riesgos, pese a los esfuerzos realizados por esta red en los años recién pasados. En esta fecha también es necesario reflexionar y hacer conciencia que vivimos en un territorio con múltiples amenazas de origen natural y socio natural, por lo que en este contexto electoral lamentamos que, en lugar de escuchar propuestas de acciones y normativas enfocadas en la prevención de muertes de salvadoreños y salvadoreñas, en situaciones de desastres, prevalezcan mensajes de confrontación que no abonan a la armonía social, en cambio generan un mayor riesgo social. En este marco, la MPGR expresa las siguientes demandas que deben ser atendidas de forma prioritaria por el Estado salvadoreño: a) Los diferentes Órganos del Estado, desde su rol, deben trabajar con el enfoque de la Gestión Integral de Riesgos, el cual implica las siguientes fases: reactiva (reacción ante una emergencia); correctiva (intervención sobre un riesgo que existe para corregirlo); prospectiva (intervención sobre un riesgo que aún no existe pero que podría crearse por proyectos); gestión local del riesgo (la comunidad toma conciencia de un riesgo que lo amenaza, lo entiende y toma medidas). b) El Ejecutivo debe mostrar su compromiso por el tema de prevención de riesgos, retomando y aplicando la Política Nacional de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Mitigación de Desastres; respeto y fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil; rigurosos y transparentes procesos en el otorgamiento de permisos ambientales. c) Por lo anterior, llamamos al Gobierno a escuchar las demandas justas de la sociedad civil que se opone a proyectos urbanísticos que en un futuro impactarán en las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad. Deben centrar sus esfuerzos gubernamentales en estas poblaciones y no en los intereses económicos de siempre. Un ejemplo de riesgos futuros es el caso de Valle El Ángel, ubicado en las faldas del volcán de San Salvador, donde no se han realizado los estudios de impacto ambiental necesarios, pero si se ha entregado el permiso por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la familia Dueñas, para poner en marcha la obra; por lo tanto no se tiene una visión prospectiva que evitaría riesgos como los que ahora sufren muchos habitantes de diferentes urbanizaciones del área metropolitana de San Salvador y de otras zonas del país. d) En este contexto electoral, como sociedad civil hacemos el llamado a las candidaturas municipales, de diputados y diputadas a evitar la confrontación política que derive en riesgo social, la población no merece mensajes que lleven a la violencia, si propuestas de solución a los grandes problemas estructurales de país. Estamos a dos semanas para las elecciones y demandamos compromiso de las y los candidatos en el tema de la Gestión Integral de Riesgos. La nueva legislatura tendrá en sus manos el compromiso de reformar la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la cual data de 2005 y que debe pasar de su enfoque reactivo a uno preventivo, prospectivo y de gestión local de los riesgos. e) Todos los sectores debemos construir en nuestro país una cultura enfocada en la reducción de riesgo de desastres, con enfoque holístico e inclusivo. Por lo tanto, como sociedad civil expresamos nuestro compromiso en el tema y toda la disposición de aportar en la solución de estos problemas. ¡Un pueblo que evita riesgos… Previene muchos desastres! San Salvador, 12 de febrero de 2021.
La MPGR lista para ejecutar proyecto de emergencia: “Respuesta Humanitaria a familias afectadas por tormenta tropical Amanda en El Salvador”
La MPGR se prepara para brindar atención a personas afectadas por las recientes lluvias, a través del proyecto “Respuesta Humanitaria a familias afectadas por tormenta tropical Amanda en El Salvador”. A través de las organizaciones de la red: Asociación PRO-VIDA, Comandos de Salvamento y APRODEHNI se dará ayuda 650 familias de 3 municipios del país. El Salvador resultó fuertemente afectado por el impacto de la Tormenta Tropical Amanda y posteriormente los efectos de la Tormenta Tropical Cristóbal. Las fuertes lluvias provocadas por los fenómenos dejaron como saldo 30 personas fallecidas, 1 desaparecida, además cerca de 30 mil familias afectadas, a esto se le suman las múltiples afectaciones a nivel nacional. En este marco, la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos (CRGR) y la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR), a través de la organización Asociación PRO-VIDA gestionaron ayuda con la red Start Network, para brindar atención a familias afectadas por las lluvias. La cooperación con sede en el Reino Unido activó la alerta 433 y puso a disposición sus fondos “Start Fund”, para sus socias en El Salvador con lo cual será posible el proyecto “Respuesta Humanitaria a familias afectadas por tormenta tropical Amanda en El Salvador”. En el caso de la MPGR, las organizaciones que ejecutarán en conjunto dicho proyecto de emergencia que beneficiará a 650 familias serán: Asociación PRO-VIDA, COMANDOS DE SALVAMENTO y APRODEHNI. Los departamentos a intervenir son La Paz, San Vicente y Sonsonate. La intervención que hará la MPGR tendrá un monto de £66 mil libras esterlinas, se desarrollará en un periodo de 45 días, del 7 junio al 21 julio. Las acciones serán las siguientes: -Distribución de kits de limpieza comunitarios. Se proveerá de herramientas básicas a liderazgo comunitario a ser utilizadas en próximas tormentas. – Campañas de saneamiento básico, manejo de vectores y remoción escombros, las cuales serán coordinadas con el Ministerio de Salud, líderes y lideresas de las comunidades. – Cash Transfer multipropósito. Las personas podrán comprar lo que estimen conveniente. – Entrega de kits de protección personal ante el COVID-19 (mascarillas, alcohol gel, guantes). Intervención por organización: Asociación PRO-VIDA: 235 familias del municipio de Sonsonate. 1 comunidad (Salinas de Ayacachapa). APRODEHNI: 115 familias del municipio de San Luis La Herradura, departamento de La Paz: 65 familias de la comunidad Río Viejo y 50 familias de la comunidad Jaltepeque. COMANDOS DE SALVAMENTO: 300 familias del municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente. 5 comunidades en total (Las Anonas, El Porvenir, Rancho Grande, La Pita, Santa Marta). «El municipio de San Luis La Herradura (departamento de La Paz) se ubica a casi 2 metros sobre el nivel del mar. Estas comunidades a beneficiar están asentadas en el corredor del Estero de Jaltepeque, el exceso de agua provocó inundaciones por la fragilidad de los terrenos donde se ubican las viviendas. Un 90% de la población de estas comunidades tienen como actividad principal la pesca y las condiciones no han estado favorables para llevarla a cabo, primero por la pandemia del COVID-19 y posteriormente por las lluvias. En ese sentido, el proyecto viene a suplir una necesidad básica, un derecho fundamental que es la alimentación, principalmente la de los niños y niñas». Gil Pintín, Director de APRODEHNI. «Además de la transferencia monetaria y de las campañas de eliminación de desechos, donde puedan proliferar zancudos, se les entregarán a las familias un kit de protección personal ante el COVID-19 (mascarillas, alcohol gel, guantes). Esta acción tiene como objetivo evitar que las personas se contagien por el virus cuando salgan a recoger las transferencias monetarias que el proyecto les va a entregar y cuando salgan por otros motivos, por ejemplo la compra de alimentos y en su momento a buscar trabajo o para reincorporarse a la parte económica del país». Eduardo González, representante de Asociación PRO-VIDA y referente del proyecto. «Se ha comenzado a trabajar en las 5 comunidades del sector de San Nicolás Lempa, mejor conocido como las comunidades del Bajo Lempa, en San Vicente, estas han sufrido por la Tormenta Tropical Amanda y Cristóbal. Esta ayuda vendrá a beneficiar a las comunidades Las Anonas, El Porvenir, La Pita, Santa Marta y Rancho Grande. La mayoría de estas familias han perdido los cultivos agrícolas, las aves de corral, ya que las fuertes lluvias desbordaron los ríos que nacen en los sectores de las comunidades. A través de este proyecto las personas van a poder comprar lo que más necesitan, ya sea víveres, medicamentos, ropa, o lo podrán utilizar para comprar láminas y con los kits de limpieza las comunidades se podrán organizar para limpiar todos los troncos o la basura que les ha dejado las inundaciones, además podrán hacer la limpieza de los ríos cercanos». Roberto Cruz, Director de COMANDOS DE SALVAMENTO.
La Caminata Ecológica reivindica el Día Mundial del Medio Ambiente al señalar las problemáticas y conflictos ambientales en El Salvador
Este 2020, el espacio de la Caminata Ecológica cumple 20 años. En años anteriores, el esfuerzo conformado por movimientos de iglesias, organizaciones sociales, movimientos ambientalistas, pueblos originarios, centros educativos, entre otros ha desarrollado movilizaciones en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, conmemorado cada 5 de junio. Históricamente la Caminata Ecológica, de la cual es parte la MPGR, ha reivindicado los temas sobre las problemáticas y conflictos ambientales más sentidos en el territorio nacional, es por ello que a pesar de la crisis por el COVID-19 y ahora la situación por las lluvias de los últimos días, el colectivo no podía guardar silencio. Por lo tanto realizó una conferencia virtual, para alzar la voz y presentar ante la sociedad salvadoreña un balance sobre la problemática ambiental que vive El Salvador. A continuación el posicionamiento completo: Posicionamiento de la XX Caminata Ecológica 2020 Con la resolución del 15 de diciembre de 1977, la Organización de las Naciones Unidas estableció que el 5 de junio fuera el “Día mundial del Medio Ambiente”. A partir de esta declaración se va celebrando cada vez más en el mundo, dando espacio a la creatividad y a la vez con más sentido de pertenencia y compromiso. En El Salvador, a partir del año 2001 se ha venido conmemorando con la “Caminata Ecológica” por parte de las organizaciones ambientalistas quienes por los diversos medios invitan a participar a todos: organizaciones comunitarias, instituciones, fundaciones, iglesias, colegios, comunidades y movimientos sociales en general, a que se involucren en la colorida expresión por el medio ambiente. También este año 2020, celebrando la XX caminata no podemos quedarnos inertes en esta celebración. Aún con las amenazas de la misma naturaleza que ha desplegado su presencia de COVID-19 por todos los países del mundo y nos tiene encerrados y más aún con otra alerta roja a causa del reciente paso de la depresión E-2 que luego se transformó en la Tormenta Amanda, seguidamente, del azote de la nueva Tormenta Cristóbal. Históricamente la Caminata Ecológica, reivindica temas sobre las problemáticas y conflictos ambientales más sentidos en el territorio nacional, hacemos un recuento de los principales. En El Salvador no existe una inclusión del Derecho Humano al Agua en nuestra Constitución y, además, resentimos la ausencia de una Ley General de Aguas. Actualmente, el Estado no asume acciones concretas para garantizar el derecho humano al agua, sobre todo a la población más vulnerable, principalmente la que habita en la zona rural salvadoreña. Esto se refleja en los datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2018, que establece que aún carece de servicios de agua por cañería el 4.6% de la población en la zona urbana (305,567 personas, unas 61,000 familias), y el 22.9% en la zona rural (1,521,193 personas, unas 304,000 familias). Esto no significa que la población que sí cuenta con los servicios goce de continuidad en el suministro, agua de calidad y que el costo sea accesible para toda la población, tal como lo establecen los principios del derecho humano al agua. También es importante destacar que 1,379,000 personas (21% de la población nacional y el 52% de la zona rural y semi rural), se abastece de agua potable a través de juntas de agua rurales (JAR), las cuales, al no ser reconocidas legalmente, en su mayoría, no reciben apoyo del Estado, estas Juntas de Agua Rurales han enfrentado serias dificultades para funcionar durante la pandemia debido a la falta de recaudación de pagos por parte de sus usuarios ante las equivocadas medidas de no pago dictadas por el gobierno ante la pandemia. La situación planteada, sin lugar a dudas, pone a la población salvadoreña en una mayor vulnerabilidad para enfrentar la crisis actual. Sin embargo, a pesar de la suma de todos estos problemas, la Asamblea Legislativa, en el actual contexto de pandemia, ha decidido suspender cualquier debate sobre este tema; lo cual carece de sentido, puesto que la Organización Mundial de la Salud ha declarado el lavado de manos frecuente como una medida necesaria para la prevención del nuevo coronavirus, sin embargo, no podemos esperar resultados positivos si el Estado salvadoreño no garantiza agua de calidad y en cantidad adecuada a todas las familias. Consideramos que, en circunstancias excepcionales, como la actual pandemia, el agua es un elemento vital no solo por hacer posible el sostenimiento mismo de todas las formas de vida, sino también porque es indispensable para la prevención del nuevo coronavirus. Sumado a esto a más de doce años que venimos demandando al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que emita un dictamen en el cual prohíba de manera real, el uso, venta y consumo de agrotóxicos en el país, y hasta la fecha no hemos obtenido respuesta positiva alguna, y vemos con preocupación que ésta administración continúa realizando acciones que dejan sin apoyo al sector agrícola, por un lado con el presupuesto del MAG más bajo de los últimos 8 años, una reducción de más de 22 mil paquetes agrícolas, una apertura de fronteras que ha afectado directamente a ganaderos, productores/as de hortalizas y pequeños productores/as de granos básicos, en este último caso con la importación de más de 50 mil toneladas de maíz blanco sin antes verificar la existencia a nivel local, y con ello se garantiza una seguridad alimentaria, pero seguimos sin tener una soberanía alimentaria en nuestro país. Nuestra lucha en aras de una soberanía alimentaria y nutricional, que promueva equidad, alimentación sana y creatividad social mediante múltiples procesos de articulación y organización fuertes, transparentes, siempre urgentes. Debemos detener los transgénicos, los monocultivos agroindustriales, los venenos agroquímicos que afectan no solamente la salud de nuestra población sino, también, la salud de nuestra madre tierra. A estas problemáticas indicadas se le suma una nueva crisis la del COVID 19 que a nivel mundial lleva “Reportados” 6, 264,742 de contagiados y 375,513 mil fallecidos al día de ayer, y que en El Salvador ha implicado ya 2, 718 casos confirmados, 52 fallecidos y más de 3 mil personas en
Posicionamiento de la MPGR en apoyo a la Libertad de Expresión y de Prensa en El salvador
Posicionamiento de la MPGR en apoyo a la Libertad de Expresión y de Prensa en El salvador Este miércoles 27 de mayo, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador bloqueó de su cuenta de Twitter a la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo. En un país democrático, la censura a la Libertad de Expresión y de Prensa no debe tener espacio, pues el bloqueo al trabajo de las y los periodistas no solo viola el artículo 6 de la Constitución de la República de El Salvador, también envía un mensaje negativo fuera de nuestras fronteras. La situación que vivimos actualmente por la pandemia del COVID-19 obliga a todos los sectores a buscar la armonía y estar abiertos a la crítica constructiva, para mejorar el trabajo del Estado en todos los ámbitos. Como Sociedad Civil organizada reafirmamos nuestro compromiso por proteger la Libertad de Opinión y de Expresión en todos sus ámbitos. En ese sentido expresamos todo nuestro apoyo y respaldo a Angélica Cárcamo y a APES por el importante trabajo que realizan en función de la transparencia y al derecho de información fidedigna que tenemos todos los sectores sociales de nuestro país. Además, consideramos fundamental el acceso a la información veraz y oportuna para una adecuada Gestión Integral de Riesgos. En este contexto, desde la Sociedad Civil hacemos un urgente llamado al Presidente de la República, Nayib Bukele: a) Detener el bloqueo al trabajo que realizan las y los periodistas, una actitud repetitiva por diferentes instituciones gubernamentales. Las cuentas de información institucional del Gobierno constituyen casi la única fuente oficial de información, por lo que deben estar disponibles a todos los sectores. b) Respetar la labor de prensa de la Asociación de Periodistas de El Salvador y demás medios de comunicación, la cual está amparada en el artículo 6 de la Constitución de la República de El Salvador. Además, le recordamos que las descalificaciones y estigmatizaciones de medios por parte de funcionarios públicos constituyen una violación a la libertad de prensa y expresión, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. c) El Gobierno de El Salvador debe ser uno de los principales garantes del Estado de Derecho y procurar una armonía entre los sectores de la sociedad, por lo que es importante rectificar decisiones erróneas. d) Como Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador señalamos este hecho como una clara violación a la Libertad de Expresión y de Prensa. San Salvador, 28 de mayo de 2020.