¡Un pueblo que evita riesgos … Previene muchos desastres!

Posicionamiento de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador en rechazo a la octava represa en el río Sensunapán

Posicionamiento de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador en rechazo a la octava represa en el río Sensunapán

Ante las intenciones de la empresa Sensunapán S.A. de C.V. de obtener el permiso ambiental, para la construcción de la octava hidroeléctrica en el río Sensunapán ubicado en el departamento de Sonsonate, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) expresa su total rechazo a la iniciativa que pone en riesgo los ecosistemas del afluente, los medios de vida y hasta la salud de las comunidades indígenas del territorio.

Es de recordar que a la misma empresa ya le fue rechazado este proyecto en el año 2014, luego de una fuerte defensa de las poblaciones locales y porque la empresa no pudo sostener el argumento de que la hidroeléctrica no afectaría los medios de vida de las comunidades. Sin embargo, desde el año 2019 Sensunapán S.A. de C.V. ha emprendido un nuevo intento para obtener el permiso ambiental, tomando en cuenta que el Presidente Nayib Bukele ordenó ese mismo año al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López que agilizara los permisos ambientales, para desentrampar “miles de millones de dólares” en proyectos; producto de ello existe actualmente un proceso de consulta pública en dicha instancia gubernamental, esto aprovechándose de la inmovilidad de las personas por falta de transportes y en medio de una serie de señalamientos de corrupción, que señalan a funcionarios de mal uso de los recursos del Estado.

Entre  los riesgos  que generaría  la construcción de la represa se encuentran, el que se sequen varios kilómetros del afluente lo que tendría impactos negativos en la biodiversidad del río y ocasionando consecuencias subyacentes como falta de vital liquido, mermados sus medios de vida, daños irreversibles a los ecosistema, entre otras. Lo anterior afectaría de forma negativa en la población que depende de esa agua y cuyo acceso les sería restringido a consecuencia de la obra, es lo que llamamos privatización de un bien natural.

Como sociedad Civil expresamos todo nuestro apoyo a las comunidades indígenas del territorio, no es posible que el Estado salvadoreño no esté a favor de proteger a estos pueblos históricamente marginados y violentados. Rechazamos que se intente anteponer siempre los intereses económicos a los derechos humanos y ambientales.

Ante esta situación, la MPGR expresa ante la opinión pública las siguientes demandas:

a) Exigimos al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) rechazar lo más pronto posible el permiso ambiental, para la construcción de la octava represa a la empresa Sensunapán S.A. de C.V.

b) El MARN debe detener la consulta pública, la cual en el contexto de la pandemia del COVID-19 no debería proceder, en su lugar debería trabajar en un estudio integral, que permita identificar la capacidad hídrica, el caudal y otros elementos que repercuten en el río Sensunapán, para tener información previa necesaria ante nuevos intentos de permisos ambientales en la zona por parte de esta y otras empresas.

c) Asimismo, cumplir los planes, políticas y programas de preservación, conservación y protección de la biósfera, ya que esta es vital para el río.

d) Hacemos un llamado especial al Tribunal Ambiental a que esté vigilante a la concesión de este tipo de permisos, ya que violentan y destruyen ecosistemas y vidas.

e) A la empresa Sensunapán S.A. de C.V. abstenerse de coaccionar a diferentes sectores de la población para obtener su apoyo, mientras el Ministerio de Medio Ambiente realiza el proceso de consulta pública de la hidroeléctrica.

f) Al Estado salvadoreño, proteger los derechos de las poblaciones indígenas que una vez más están en peligro de ser vulneradas.

g) Finalmente, expresamos que nos mantendremos vigilantes ante el accionar de las entidades correspondientes, para denunciar este tipo de acciones que van en contra de la vida de los ecosistemas y la población.

 

San Salvador, 27 de junio de 2020.

 

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