Posicionamiento de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador ante la actual Emergencia Nacional por el COVID-19

El gobierno de El Salvador confirmó, la noche de este miércoles18 de marzo, el primer caso de Coronavirus -COVID-19- en el país. El virus ya ha causado más de 200 mil contagios y la muerte a 9,790 personas a nivel mundial, según el observatorio de la Universidad Johns Hopkins.

En este contexto, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador ante la actual Emergencia Nacional por el Coronavirus, expresa lo siguiente:

Como red de la sociedad civil con trabajo en la Gestión Integral de Riesgos, siempre hemos exigido trabajar en la prevención como factor fundamental para salvar vidas ante una emergencia. En este sentido evaluamos de manera positiva los esfuerzos que se hacen desde el Ejecutivo por apostarle a las medidas preventivas, ante el COVID-19.

Por lo tanto, consideramos oportuno el decreto de “Estado  de Emergencia Nacional” aprobado, el pasado domingo 15 de marzo, por la Asamblea Legislativa, a iniciativa del gobierno y que le da las herramientas a este último para atender la emergencia.

Sin embargo, expresamos nuestro desacuerdo por el decreto del “Estado de Excepción”, aprobado a través de la “Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales”. El mismo limita las libertades de entrar, salir y transitar en el territorio nacional, a la vez la libertad de asociación, reunión pacífica y el cambio de domicilio.

Las garantías constitucionales que cada ciudadano y ciudadana poseen deben ser siempre respetadas, por lo que consideramos que no es una medida adecuada. Recientemente expertas y expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidieron a los Estados que eviten “extralimitar medidas de seguridad en sus respuestas al brote de coronovirus Covid-19”.

En este contexto, hacemos el urgente llamado a las autoridades solventar algunas situaciones que se están presentando en la atención a la emergencia.

1. Mejor atención en los centros de contención del Coronavirus. Hace algunos días personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos hizo un recorrido por los diferentes centros de contención, para constatar las condiciones en que se encuentran las personas puestas en cuarentena en estos lugares, posterior a su entrada al país desde diferentes destinos del mundo. El Procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar señaló que «En todos los albergues no ha habido segmentación de personas, no se ha discriminado el lugar de procedencia, están incorporados todos juntos», entre otras problemáticas de estos centros.

Aunque el gobierno ha cerrado el centro de contención ubicado en Jiqulisco y ha hecho mejoras en otros, muchas personas albergadas no cuentan con las condiciones adecuadas en su estancia en los mismos, lo que puede provocar riesgos en su salud. Esto es contrario a las comodidades que si se ha garantizado a funcionarios (as) del gobierno, en la misma situación de cuarentena.

2. El agua como derecho humano. Las medidas de atención a la emergencia deben estar dirigidas a las personas en mayor condición de vulnerabilidad, es por ello que la pregunta es, si las recomendaciones de prevención emitidas por el Ministerio de Salud implican el uso del agua, para mantener la higiene ¿Qué pasará con las comunidades que carecen del vital líquido?.

En ese sentido, como MPGR apoyamos la exigencia del  Foro del Agua sobre la adopción de medidas urgentes para paliar crisis hídrica en las comunidades, tanto de las ubicadas en el Área Metropolitana de San Salvador afectadas recientemente, como de las que carecen del vital líquido en las diferentes zonas del país, sobre todo de las áreas rurales.

3. Apoyo al sector informal. En cadena nacional, difundida por el gobierno el domingo 15 de marzo, se anunció crédito de capital productivo y capital de trabajo de parte del Banco Hipotecario a las empresas que paren labores. Por otro lado, el Ejecutivo ha divulgado medidas en beneficio de las personas afectadas directamente por la emergencia nacional, como suspensión de pago de servicios básicos por 3 meses (agua, luz e internet).

Estas últimas deberán ser primero aprobadas por la Asamblea Legislativa. De ser el caso, el gobierno debe definir criterios claros de las personas beneficiadas y especificar el mecanismo para reclamar las ayudas. Este proceso debe garantizar que se incluya al sector informal, ya que quienes pertenecen al mismo no tienen garantías para permanecer en sus casas, pues de su trabajo depende el sustento de sus familias e igualmente el sector agropecuario que vive en el área rural y representa el 35 % de la población.

4. Evitar la especulación de precios de la canasta básica. Exigimos a la Defensoría del Consumidor implementar controles estrictos en el mercado que eviten el aumento de precios, sobre todo de la canasta básica y que se garantice el abastecimiento de alimentos a la población.

5. Reasignación de recursos para fortalecer el presupuesto de salud. Esta emergencia ha demostrado la necesidad de un Sistema de Salud integral, con enfoque en la prevención y atención de diferentes enfermedades, en este marco, proponemos que se reintegre a Salud el recorte de 5 millones que se hizo al Primer Nivel de Atención y Prevención en Salud, además del cierre de 16 ECOS familiares. Además la asignación de otros recursos adicionales de acuerdo con las necesidades que se prevean, especialmente para la atención de salud en el nivel local.

Ante esta situación hacemos el llamado a tomar medidas prospectivas, encaminadas a dotar estructuralmente al Sistema de Salud de mayores recursos que garanticen la sanidad de las y los salvadoreños.

6. A la población salvadoreña le pedimos acatar las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud y a abstenerse de reproducir rumores, alarma e información no emitida por fuentes oficiales.

 

¡Un pueblo que evita riesgos… Previene muchos desastres!

 

San Salvador, 19 de marzo de 2020.

Posicionamiento de la MPGR ante la actual Emergencia Nacional por el COVID-19

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